País Vasco y Baleares recurren ante la Justicia el uso de la mascarilla

País Vasco y Baleares extienden su malestar por el uso obligatorio de la mascarilla en los centros asistenciales y recurren ante la Justicia esta decisión. El Gobierno Vasco acudirá a la administración de justicia para protestar la orden del Ministerio de Sanidad porque "ni ha presentado argumento alguno que avale esa decisión, ni ha cumplido con las previsiones legales exigibles en la adopción de esta medida absolutamente excepcional".

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha recordado que el artículo 65 de actuaciones coordinadas en salud y seguridad alimentaria de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señala, en su punto 1, lo siguiente: "La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".

Siguiendo la literalidad del acuerdo, el Gobierno autonómico ha destacado que "no ha habido acuerdo previo del Consejo Interterritorial" y tampoco se ha dado audiencia a las comunidades autónomas "directamente afectadas, en este caso, todas, independientemente de su situación epidemiológica, antes de tomar esta decisión".

Asimismo, ha reprochado que el Ministerio no ha justificado la urgente necesidad de la medida "en sus dos vertientes: una, que la situación sea de especial riesgo o alarma para la salud pública; dos, que la medida, circunscrita a los centros de salud, sea realmente efectiva para atajar el pico de la ola de gripe".

Por otra parte, ha subrayado que el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde la medida debería haber sido acordada, establece en su punto primero que los acuerdos del Consejo en relación con las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso.

Por ello, y en aras de una "buena gobernanza" del Sistema Nacional de Salud, las actuaciones coordinadas en salud pública "debieran seguir respetando los criterios técnicos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta en cuanto a las medidas de respuesta adecuadas al nivel de riesgo, y su posterior evaluación y aprobación por parte de la Comisión Nacional de Salud Pública", ha señalado.

Confrontación entre Ministerio y CCAA

El Gobierno Vasco entiende que el Ministerio de Sanidad está utilizando un recurso legal "absolutamente extraordinario, sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las comunidades autónomas, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública". Además, considera que el Ministerio de Sanidad ha sentado un precedente "gravísimo en la relación política y administrativa que ha de mantener con las comunidades autónomas y sus departamentos de salud".

El Ministerio de Sanidad tiene reconocidas competencias en materia de salud, pero las comunidades autónomas son quienes asumen la responsabilidad de la gestión y la atención sanitarias. Por ello, el ejecutivo Urkullu ve "incomprensible" que el Ministerio, "sin causa que lo justifique, sin acogerse al cumplimiento de la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso que han trasladado algunas comunidades, entre ellas Euskadi, y haya el elegido la confrontación como forma de relacionarse con las comunidades autónomas".

Por todo ello, el Gobierno Vasco ha anunciado que hará cumplir, mientras esté vigente, la medida, pero presentará recurso contra la misma ante la administración de justicia en los términos que sus servicios jurídicos determinen.

Finalmente, ha constatado que la ciudadanía de Euskadi es conocedora de las medidas de prevención más aconsejables para evitar el contagio de la gripe y otras enfermedades respiratorias, y "en su inmensa mayoría, las cumple con responsabilidad", razón por la que ha animado a seguir utilizándolas en todos aquellos lugares y circunstancias donde haya un mayor riesgo de contagio.

Baleares interpondrá recurso contencioso

Por su parte, La Conselleria balear de Salud interpondrá un recurso contencioso para pedir, como medida cautelar, la suspensión del uso obligatorio de la mascarilla en los centros asistenciales y no como recomendación.

Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Salud, Manuela García, en declaraciones a la prensa después de recibir en audiencia a la Federación de Salud Mental de Baleares, en las que ha señalado que la situación epidemiológica en el territorio balear "no justifica dicha medida", que "no se basa en criterios técnicos" y que "está excluyendo de alguna manera la libertad individual". Igualmente, García ha recordado que a partir de este jueves se hace obligatorio el uso de la mascarilla en los centros de salud y hospitales, tanto públicos como privados.

En este sentido, la consellera ha hecho referencia a la "importancia de la educación sanitaria" y ha considerado que el hecho de llevar mascarilla es "una cuestión de recomendación y educación". "Cuando marcas el paso de recomendar a obligar tienes que hacerlo en función de una serie de elementos, fundamentalmente técnicos", una cuestión que a su juicio no se ha cumplido.

La consellera ha explicado que, en el momento en el que se tomó esta decisión desde el Ministerio de Sanidad, Baleares tenía una incidencia de 270 casos de infecciones respiratorias por cada 100.000 habitantes, y de 60,8 casos de gripe, "una proporción muy pequeña que indica que el virus circula poco de momento", ha apuntado García.

Por otra parte, ha criticado que "el funcionamiento normal del pleno de la Comisión Interterritorial no se ha llevado a cabo en ningún momento", puesto que ha sido una decisión de una orden ministerial y no se ha convocado la Comisión de Salud Pública.

"La orden vendría muy bien siempre y cuando fuese dejar a las comunidades autónomas que actuarán de acuerdo con sus competencias", ha considerado García, argumentando que en Baleares "a lo mejor ahora no hay necesidad de poner obligatoria la mascarilla por datos epidemiológicos, pero no quiere decir que en dos semanas no se tenga que poner".