Objetivo socialista: tipificar el tráfico de órganos como delito

El PSOE ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicita al Gobierno a que equipare el ordenamiento jurídico nacional a lo acordado el 24 de marzo de 2015 en Santiago de Compostela por 14 países europeos un tratado internacional para tipificar el tráfico de órganos como delito.
 
Según recuerda el PSOE, “el tratado persigue armonizar las leyes en los diferentes países, y poner la primera piedra para que, en el futuro, exista una legislación que se adopte de manera global, en todos o en la mayoría de países”.
 
El texto también reconoce que la legislación española es una de las más avanzadas, pero todavía son necesarias algunas reformas legislativas que permitan actuar, por ejemplo, “contra los nacionales que en el futuro compren órganos en el extranjero, aunque en el país en cuestión esta práctica sea legal”.
 
La PNL insta al Gobierno a “adecuar nuestro ordenamiento jurídico, el plazo más breve posible, al contenido del tratado internacional para tipificar el tráfico de órganos como delito”. Esta propuesta debería ser debatida en la Comisión de Sanidad del Congreso, sin embargo, puede quedarse sin discutir si no se llega a un acuerdo de Gobierno que evite la repetición de elecciones ya que el martes 3 de mayo se disolverían las cortes y se detendría la actividad legislativa.
 
Disruptores endocrinos
 
El PSOE también ha presentado una PNL para controlar los disruptores endocrinos presentes en algunos productos de uso cotidiano como “materiales de construcción, plásticos, productos electrónicos, envases de alimentos, productos cosméticos o de cuidado de la piel, conservantes, insecticidas, etc, con posibilidades de incorporación a la cadena alimentaria” , según recoge el texto.
 
Por ello, el grupo socialista insta en su PNL al Gobierno a “impulsar y apoyar en el seno de la de la Unión Europea la regulación a nivel comunitario del uso de estos productos que contengan la prohibición del uso de Bisfenol A en todos los materiales de fabricación de envases de alimentos”.
 
También solicita que se remita al Congreso, “en el plazo de seis meses, un informe sobre la presencia de estas sustancias en España” con las medidas legislativas necesarias para “prevenir riesgos para la salud”. Igual que la PNL anterior, esta proposición se puede quedar sin discutir si no hay acuerdo de Gobierno. 

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