Multas, tres contratos e indemnizaciones contra la temporalidad en sanidad

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha dado a conocer la 'fórmula' que, a su entender, ayudaría a reducir la temporalidad en un sector donde abunda como es el público. En concreto, su propuesta dirigida a la sanidad pública incluye un modelo simplificado con tres tipos de contrato, un aumento de los días de indemnización o multas administrativas.  

Atendiendo a este planteamiento, el sistema de salud podría ofrecer a sus trabajadores contratos indefinidos, distinguiendo entre el fijo e indefinido no fijo, temporales por causa organizativa en sustituciones de todo tipo y en coberturas de vacantes con un máximo de tres años,y temporales por causa productiva ante necesidades transitorias con una duración máxima legal. La tercera opción será el contrato formativo, integrando las especificidades actuales formativas del sector público.

A ello habría que sumar una reconfiguración del despido por causas empresariales, en su doble modalidad individual y colectiva. La idea, explican, es "adaptar el régimen jurídico extintivo a este nuevo escenario en seguridad jurídica para reducir la rigidez e incertidumbre en las empresas". De esta forma, las causas de despido objetivo y empresarial serían "ciertas y tasadas", incluyendo supuestos como fin de obra, fin de contrata, fin de proyecto, no llamada en temporada estacional …

Este diseño, en opinión de Fedea, estaría capacitado para generalizar la contratación indefinida y reducir el encadenamiento de contratos temporales. De hecho, en su informe, destaca "el abundante uso en el sector público de las interinidades por vacantes, en sus modalidades específicas, también en Sanidad Pública, que canalizan la alta temporalidad del empleo público". En este sentido, es partidario de reconsiderar los límites impuestos, con conversiones "legales" a puestos fijos, en aquellos casos en los que se encadenen contratos de breve duración y no de descarta agravar la penalización vigente que impida "continuas bajas y altas con mismo trabajador en misma empresa". 

Multas administrativas 

Como opción, plantea recuperar los 45 días por año trabajado de indemnización en los ceses de contratos temporales fraudulentos que originan acciones de despido improcedente del trabajador. De esta manera, el coste de la improcedencia del indefinido sería menor, 33 días, frente al del temporal fraudulento, 45 días, incentivando así la contratación indefinida. Desde el organismo ven más adecuado implantar este sistema de incentivos económicos con penalizaciones frente a opciones más drásticas como sería la nulidad extintiva. 

No obstante, también contemplan multas administrativas por cada contrato temporal fraudulento, ya que, actualmente, el número de afectados solo supone un criterio para dictaminar la cuantía y dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, con sistemas de Big Data y medios que podrían facilitar las "conversiones automáticas a fijo del trabajador". 

Su propuesta para reducir la temporalidad también pasa por establecer ERTES que sean flexibles y que permitan adaptarse a las circunstancias económicas, organizativas y productivas. "La dotación de plantillas fijas necesita de ambas cosas, herramientas de flexibilidad laboral interna ante cambios temporales y certidumbre en la extinción ante circunstancias estructurales que obligan al ajuste de empleo", explican en este informe elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera Forteza, catedráticos de la Universidad Complutense. Aún así, desde Fedea solo ven adecuado utilizar este modelo cuando se produzcan caídas temporales en la demanda y no ante caídas de carácter estructural.