El Consejo de Ministros durante una reunión.
El órdago que este jueves lanzaba
Oriol Junqueras, consejero de Economía catalán, al no emitir el preceptivo informe semanal sobre los gastos de la Generalitat -condición obligatoria para que el Gobierno central siguiera aportando fondos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el que, entre otras cosas, se paga a los proveedores sanitarios- ha tenido su respuesta desde el Ministerio de Hacienda con el establecimiento de un
mecanismo de control de gasto que asegura que el
Estado afrontará los pagos para sanidad.
El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro ha explicado este viernes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros los puntos básicos del acuerdo firmado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que ha dibujado un mecanismo de control de pagos novedoso "pero
esencial para garantizar los servicios públicos catalanes".
Las medidas incluyen un requerimiento al presidente catalán para que en 48 horas desde la publicación del mismo adopte y comunique a Hacienda un
acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos no vinculados con servicios públicos fundamentales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales-. En caso contrario, será el ministro quien lo adoptará en sustitución del presidente autonómico.
Se establece un mecanismo de control del gasto novedoso pero esencial para garantizar los servicios públicos
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Pagos en sanidad
"Para el pago de los servicios públicos fundamentales Cataluña deberá
comunicar al estado todos los créditos pendientes, y la información irá firmada por la Intervención de la comunidad junto con un certificado de que no se destina
ningún fondo a financiar el referéndum. Una vez firmado,
el Estado pagará al tercero, acreedor de la Generalitat. Se trata de un mecanismo similar al FLA puesto que es una extensión de algo que ya tenemos experiementado", ha señalado Montoro.
Del mismo modo, la Generalitat
no podrá librar ningún tipo de pago que no esté realmente justificado, y todas las operaciones de endeudamiento, las de corto plazo incluidas, tendrán que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda.
Además, todas las
facturas de los proveedores deberán presentarse y consultarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.
No invade competencias
Pese a la contundencia de la medida, el ministro de Hacienda ha querido resaltar que se trata de un sistema de
control de pagos y que no afecta al ejercicio de las competencias autonómicas. "Serán ellos los que decidan cuánto dinero irá a sanidad. No sustituimos las competencias pero sí garantizamos que
ningún pago va a ir a parar a ninguna actividad ilegal. En ingresos cedidos o compartidos no entramos, pero en un mes ordinario una comunidad grande como Cataluña genera ingresos previsibles de unos 240 millones de euros. Según estimaciones,
tendría que recibir en torno a 1.400 millones de euros, pero queremos que eso llegue con los certificados de pago correspondientes", ha afirmado Montoro.
El titular de Hacienda ha concluido que se trata de una gran novedad en términos de la intervención del Estado, que no se había hecho nunca pero que "se está haciendo por la excepcionalidad que estamos viviendo". Precisamente este viernes el
Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por la Generalitat contra la obligación de presentar los pagos semanalmente.
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