Montoro aboca al paro a cientos de investigadores sanitarios en Nochevieja

A falta de 12 días para que concluya este 2017, cientos de investigadores de toda España no saben qué pasará con su trabajo para el próximo año. El conflicto por la contratación de personal investigador sigue sin resolverse pese a las "buenas intenciones" manifestadas por parte del Ejecutivo y a los llamamientos de grupos de la oposición que han pedido firmemente una solución que finalmente agota los plazos sin producirse. 

La problemática ha sido más visible en este 2017 porque ha salpicado a investigadores de CNIC y CNIO, instituciones más mediáticas y con mayor repercusión, pero afecta a personal de las Fundaciones de Investigación Biomédica (FIB's) del SNS de los 28 institutos a nivel nacional. Con datos facilitados por sindicatos, sin en cada uno de ellos hay unos diez investigadores con futuro incierto a corto plazo, la cifra total rondaría los 300 científicos que pueden quedar en paro este año. Es un número mayor que el del año pasado, pero podría ser pequeño si la legislación no cambia y se repite de nuevo el año que viene. 

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El problema afecta a investigadores de las 28 Fundaciones de Investigación Biomédicas nacionales

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Para entender el conflicto conviene señalar que se trata básicamente de una mala gestión normativa. Por un lado está la prohibición legal de que los investigadores encadenen más de tres contratos temporales seguidos, de manera que en ese momento tendrían que ser despedidos o por el contrario pasar a ser indefinidos. Pero aquí aparece la segunda norma en conflicto, la Disposición Adicional 34 de la Ley de Presupuestos para 2017, que establece que si se incurre en fraude de ley en la contratación se podrán exigir responsabilidades, entre las que está la respuesta con el propio patrimonio para los directores de los patronatos. 

Es decir, los investigadores no pueden encadenar más de tres contratos temporales, por obra y servicio, pero tampoco pueden ser contratados como indefinidos, aunque la Administración cuente con fondos, porque Hacienda lo impide. "No es un problema de dinero sino de leyes, de gestión", asegura una de las fuentes consultadas por este diario. 

Ley de la Ciencia

"Siempre y cuando su contrato estuviera acogido a la Ley de la Ciencia, se les podía hacer indefinidos tras 3 años, pero el 90 o 95 por ciento de los contratos actuales de estos investigadores no lo son, son de obra y servicio que se viene prorrogando en el tiempo. Son numerosos profesionales que llevan 8, 10 o 12 años trabajando con contratos temporales en fraude de ley y que por fin están demandando en el juzgado. Ahora el juez declara que se incumple el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y en ningún momento nombran la Ley de la Ciencia, de manera que como transcurren más de tres años con contrato temporal el juez declara indefinidos sus contratos y fraude en la contratación", asegura a Redacción Médica Mariano Martín responsable de Acción Sindical de la FSS-CCOO de Madrid. 

Este ha sido el caso de 63 científicos del CNIO que concatenaban contratos y que iban a seguir en fraude de ley de contratación y que van a ser renovados. Además, en Madrid hay otros 16 contratos de trabajo que por la singularidad de su programa o proyecto finalizan con fecha de fin el 31 de diciembre y ya han recibido el preaviso formal, que debe hacerse con 15 días de antelación. "Deberían hacer lo mismo que en el CNIO y renovarles, pero los directores, hasta que no tengan el visto bueno de su patronato no van a decidir. Unos directores de las Fundaciones no tienen problema y han renovado -como el Clínico, el Gregorio Marañón o el 12 de octubre- y otros como los de La Paz y Getafe , por no sé qué reticencias, quieren esperar a que su patronato verifique la no renovación", añade Martín. 

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Entre ellos hay jefes de grupo, con proyectos y personal a su cargo, podrían verse sin trabajo en enero

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Mucho personal, jefes de grupo incluidos

La dimensión del problema es más visible si se pone en cifras, teniendo en cuenta por ejemplo que en la Comunidad de Madrid trabajan unos 1.200 profesionales en las Fundaciones de Investigación Biomédicas, de los que unos 1.000 podrían verse afectados a medida que sus contratos temporales vayan expirando. Se trata de instituciones pequeñas y jóvenes donde es muy complicado estabilizar al personal apelando a la tasa de reposición. En Madrid las FIB's de los hospitales tienen unos 10 años de trayectoria y una plantilla de entre 40 y 250 personas, con una temporalidad que supera el 80 por ciento. 

Además, está el problema del tipo de investigadores a los que afecta, puesto que la normativa podría dejar en el paro a los calificados como "Miguel Servet II", un programa de científicos que han estado un año formando un grupo y una vez que tienen una evaluación positiva no es posible hacerlos indefinidos y tampoco otro contrato temporal porque estarían encadenando uno más. Son jefes de grupo, con líneas de investigación propias y que tienen a su cargo proyectos y personas, que quedarían descabezados. Esto, además, afecta no solo a la investigación básica, sino también a multitud de ensayos clínicos, de manera que el despido de estos profesionales podría suponer la paralización de cientos de estudios en los hospitales e impedir que los pacientes tengan acceso a medicamentos en investigación.