Montón plantea crear una agenda europea de prioridades en materia sanitaria

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez, en solo dos semanas, ha dejado claro su carácter europeísta, también en el ámbito de la política sanitaria. De hecho, Carmen Montón, ministra de Sanidad, ha asegurado que va a proponer a los países miembro acordar una “agenda de prioridades en el sector salud” para llevar a cabo políticas conjuntas.
 
Esta declaración de intenciones ha sido expuesta por Montón junto antes de asistir al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo de la Unión Europea, que se celebra en Luxemburgo. En él, su estreno como ministra en el marco europeo, va a plantear que se cree un “foro de diálogo abierto para el futuro del sector salud y reflexionar conjuntamente sobre el mismo”.
 
Además, la ministra ha anunciado su intención de aprovechar a la cita para informar a sus homólogos comunitarios del “cambio en la orientación de las políticas sanitarias en España”, que , como ya ha anunciado, “va a retomar la asistencia sanitaria integral a todas las personas que vivan en el Estado español”, es decir, a la sanidad universal.
 
A vueltas con el copago
 
Consultada sobre cómo va a llevar a cabo el Gobierno la supresión del copago farmacéutico de los ciudadanos jubilados, Montón ha indicado que se irá “paso a paso. Es un proceso que necesita diálogo y consenso con las comunidades autónomas, además de presupuesto. Ahora estamos inmersos en la recuperación de la universalidad de la asistencia sanitaria”.
 
¿Se podrán tomar y ejecutar estar medidas respetando los duros objetivos de déficit comprometidos con la Comisión Europea? “Ese es el trabajo que nos queda por delante: hacer posible una estabilidad económica respetando el derecho a la salud”. En cualquier caso, ha aseverado: “Iremos uno a uno recuperando los derechos arrebatados en 2012”.

España, en contra de la evaluación centralizada 

En este mismo encuentro, Montón ha fijado la postura de la Administración española sobre el Reglamento de tecnologías Sanitarias (HTA). La propuesta del Gobierno de España es contraria a la obligatoriedad de asumir las evaluaciones conjuntas y a la imposibilidad de realizar evaluaciones adicionales a nivel nacional, aunque está a favor del diálogo y la colaboración voluntaria.