Mato y Gallardón no explicarán la reforma del aborto en el Congreso

María Márquez. Madrid
Todos los grupos parlamentarios de la oposición se han sumado, en la Diputación Permanente celebrada este martes en el Congreso, a las peticiones de comparecencia de los ministros Ana Mato y Alberto Ruiz Gallardón formuladas por los grupos socialista y la Izquierda Plural para que informen sobre la futura reforma de la Ley del Aborto. El PP las ha rechazado.

Sandra Moneo, portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

En el caso de los socialistas, además de solicitar el voto para una proposición no de ley sobre la retirada del anteproyecto, han instado a dichas comparecencias en sesiones extraordinarias del pleno del Congreso, así como en las Comisiones Constitucional, de Justicia, de Igualdad y de Sanidad. En estas tres últimas también ha enfocado sus peticiones la Izquierda Plural.

“Vuelta al pasado”, “retrógrado”, “involución” o “reforma ideológica” han sido algunos de los denominadores comunes de los nueve portavoces parlamentarios (PSOE, Amaiur, ERC, BNG, Izquierda Plural, PNV, UPyD, Unió Democràtica de Catalunya, Convergència Democràtica) al referirse al anteproyecto de ley en la Diputación Permanente, celebrada este martes.

La encargada de defender la postura del Gobierno, Sandra Moneo, ha acusado al resto de portavoces de no contar con “argumentación” y de “trivializar con uno de los procesos más importantes de la vida de una mujer”. Apoyándose en opiniones de “médicos y científicos”, ha defendido que el anteproyecto aboga porque “detrás de un embarazo hay una vida, y detrás de un aborto está el fin de esa vida”. Se ha referido explícitamente al PSOE para reprocharles el haber roto “el consenso” que existía con la ley presocialista, al tiempo que ha asegurado que la norma actual “ignora la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional”. Según ha explicado, la intención del Gobierno es la de equiparar la normativa a otros países europeos como Francia o Alemania. “En el resto de Europa se exigen requisitos para garantizar la vida en gestación. En la Ley española vigente, no”.