Meloni se carga las raves por decretazo para proteger la salud pública

La participación de miles de jóvenes italianos el pasado fin de semana en una rave ilegal en una nave en un terreno agrícola en la ciudad Módena ha propiciado la primera medida del Gobierno de Giorgia Meloni en defensa, según señala, de la salud pública. Ante este altercado, la primera ministra presentaba este lunes un decreto ley de urgencia, por el que introducía en el artículo 5 del Código Penal un nuevo tipo de delito sobre "la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública".

Según consta en la legislación, la norma prevé una pena de entre tres y seis años de prisión y multas de entre 1.000 y 10.000 euros para quienes "organicen o promuevan" la reunión. Según ha expresado el ministro de Justicia, Carlo Nordio, la medida está encaminada en "proteger la seguridad jurídica y la salud pública" y ha subrayado que "ni incide ni podría incidir mínimamente en los sacrosantos derechos de libertad de expresión y de reunión".

La norma anti-raves no ha tardado en ser rechazada por los partidos de la oposición italiana, que temen que podría coartar otro tipo de reuniones y concentraciones, como las protestas estudiantiles en las universidades. No obstante, tanto Meloni como su vicepresidente, el ultraderechista Matteo Salvini, han manifestado sentirse "orgullosos" de su aprobación.

Reincorporación de sanitarios antivacunas

Sin embargo, esta no ha sido la única medida del primer paquete del nuevo Gobierno de Meloni que ha desatado la polémica. El Consejo de Ministros también aprobó este lunes la eliminación de la vacuna obligatoria contra el covid para los sanitarios.

"El panorama epidemiológico ha cambiado, en particular a partir de los datos podemos ver que el impacto en los hospitales es limitado y hay una disminución de las infecciones y estabilización de los hospitales", explicó el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La medida, muy criticada por la oposición, servirá para reintegrar en sus puestos de trabajo a cerca 4.000 entre médicos y personal sanitario que no quisieron vacunarse contra el covid y fueron por tanto suspendidos de empleo y sueldo. "Hay escasez de personal médico: por lo tanto, que estos médicos no vacunados regresen al trabajo sirve para contrarrestar la escasez y garantizar el derecho a la salud”, añadió Schillaci.