Los nuevos costes sanitarios amenazan un "descenso" de la economía española

El sector de la sanidad no escapa de la tensión inflacionista y los pronósticos no son favorables. Según el documento ‘La deuda pública en España y en las Comunidades Autónomas’, elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se estiman mayores gastos sanitarios debido al encarecimiento de los materiales y del consumo energético, por lo que no se espera una mejora sustancial del saldo fiscal en España, al menos en el medio plazo; más bien puede ocurrir lo contrario. Así consta en este informe, en el que se analizan los factores que han guiado la acumulación de deuda pública en el conjunto de España y que destaca el gasto del sector sanitario, altamente sensible a la subida de precios.

Asimismo, entre las causas que podrían repercutir en el aumento del gasto público, los expertos aluden a las revalorizaciones del sueldo de los empleados públicos para compensar la elevada inflación, así como al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la revalorización de las pensiones, también de los médicos, con el IPC, lo que, según el economista José Ignacio Conde-Ruiz, supone un coste anual permanente de 15.000 millones de euros.

Revalorización de las pensiones

En concreto, la cuantía de las pensiones contributivas se revalorizará el 8,5 por ciento a partir del 1 de enero de 2023. Además, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el gasto en pensiones previsto para 2023 aumenta en un 11,4 por ciento, unos 20.000 millones de euros adicionales. “Aunque la inflación se corrigiera al 2 por ciento en los próximos años, la actualización solo de las pensiones en 2022 tendrá un impacto negativo acumulado en la deuda pública cercano a los 160.000 millones de euros dentro de 10 años”, se destaca en el estudio, que alerta de que la deuda pública se va a convertir, en los próximos meses y años, en uno de los principales ejes de discusión sobre la política fiscal en la Unión Europea (UE).

Por otro lado, se señala que, ante el volumen actual de endeudamiento de las administraciones, los esfuerzos de consolidación fiscal requeridos a medio plazo son de una magnitud considerable. Sin embargo, se pone el foco en un condicionante nada despreciable en España: la notable descentralización de nuestro sector público. Este aspecto, expresan, añade una complejidad adicional al diseño de reglas fiscales y puede exigir esquemas institucionales de disciplina fiscal interna que difieran de los adoptados a nivel europeo.

“En cualquier caso, el problemático stock de deuda pública también existente en el conjunto de las comunidades autónomas, y muy en particular en algunas de ellas, invita a realizar análisis sobre la
previsible evolución del endeudamiento público y la factibilidad de los esfuerzos para reducirlo, no solo en el conjunto de las administraciones públicas sino también en el subsector de comunidades autónomas”, concluyen los autores del estudio de Fedea.