Albert Tomás, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS) y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
10 may. 2016 9:35H
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La Federación Europea de Médicos Asalariados, FEMS, ha celebrado en Chipre su Asamblea ordinaria (la primera de las dos que se celebran al año) en la que respecto a nuestro país se ha acordado trasladar a la Comisión Europea un requerimiento sobre la interinidad y eventualidad en los contratos de los médicos españoles.
Albert Tomás, vicepresidente de esta entidad y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESM, ha explicado a Redacción Médica que según los datos que manejan, el 49,8 por ciento de los médicos españoles tiene contrato de interino o eventual y solo el 50,2 por ciento es de carácter fijo y se ha denunciado esta situación “porque vulnera la directiva europea de contratación”.
“De manera formal se hace un requerimiento a la Comisión Europea para que vea lo que está pasando en España porque no puede ser que el 50 por ciento de los médicos tenga contrato interino o eventual”, una situación que “no pasa en ningún otro país de Europa”, según Tomás. De hecho, ha insistido, la directiva europea que prohíbe estos altos índices de precariedad sí reconoce porcentajes del 15 o el 20 por ciento pero en ningún caso del 50.
También ha precisado que dicho requerimiento será enviado tanto a la Dirección General de Salud como a la de Trabajo, ambas dependientes de la Comisión Europea. Desde FESM asumen que la respuesta, si la hay, tardará mucho en llegar puesto que conocen perfectamente el lento funcionamiento de este tipo de trámites.
Se trata de la única decisión tomada en Chipre que afecta directamente a España. “De momento solo esto porque nosotros tenemos problemas pero los hay que los tienen más grandes aún”, ha justificado.
“El problema de Europa es que lo único común que tenemos es el euro, lo demás es humo”, ha criticado, al tiempo que ha apuntado también las diferencias de salario que hay por ejemplo entre un galeno belga (14.000 euros al mes) y uno rumano (500 euros al mes), siendo este alguno de esos problemas cuya solución debe priorizarse.
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