Los funcionarios de prisiones podrán conocer las patologías de los reclusos

El personal que trabaja al servicio de la Institución Penitenciara tendrá “acceso a las patologías” clínicas de aquellos “internos que con mayor probabilidad puedan generar situaciones de riesgo, que puedan derivar en agresiones al funcionario”.

Así lo establece el nuevo “protocolo de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social”, al que ha tenido acceso Redacción Médica, y que contemplan una serie de medidas concretas para luchar contra las situaciones conflictivas para este colectivo. Entre ellas, respetando el historial clínico, el personal funcionario podrá estudiar y consultar aquellas patologías médicas o clínicas del interno que puedan derivar en agresiones físicas o situaciones impredecibles.

El acuerdo firmado el pasado 30 de mayo en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado prevé por tanto una “ficha de control”, que integre, tanto partes informativas de los funcionarios de servicio que objetiven riesgos de agresión, como elementos objetivos de peligrosidad. El documento lo rubricaron dos sindicatos, UGT y CSIF, pero no Comisiones Obreras ni ACAIP.

Antonio González, responsable federal de UGT prisiones, explica que a partir de “ahora van a poder conocer las patologías de aquellos internos potencialmente peligrosos para prevenir situaciones de riesgo tanto para ellos como para el resto de reclusos”. Aunque “si bien el funcionario no va a tener acceso al tratamiento que lleva el recluso, ni ese tipo de detalles, a los que solo podrán acceder los sanitarios”

La situación antes para estos profesionales era mucho más peliaguda para su seguridad. “Cuando llegaba un recluso, no sabíamos qué patologías podía tener, lo que ponía en riesgo a los funcionarios y a los propios presos con los que compartiera módulo. Es decir, podría padecer una esquizofrenia paranoide y no éramos conscientes hasta que sufría un brote o agredía a alguien”, explica González.

Desde Instituciones Penitenciarias explican que "el protocolo está ya aprobado pero se encuentra en fase de desarrollo y concreción". Por lo tanto, confirman que el proyecto “incluirá -sin vulnerar la confidencialidad clínica- aquellas patologías susceptibles de hacer reaccionar a quien las padece de forma agresiva e impredecible”.

Autoridad pública

Este protocolo también ha modificado la definición de agresión para incluir “cualquier conducta violenta”. Además, las agresiones contra trabajadores públicos de Instituciones Penitenciarias serán castigadas con hasta cuatro años de cárcel después de que el Gobierno, a propuesta de los sindicatos, haya accedido a incluir a estos funcionarios en el protocolo para la Administración General del Estado en vigor desde noviembre de 2015.

A partir de ahora, este personal será reconocido como autoridad pública, al igual que el personal sanitario. Esta categoría, según explica Antonio Gonzalez, se deriva de “un largo proceso de tres meses que acaba de ver la luz. Al principio no se quería incluir la violencia verbal, solo la física, pero lo hemos conseguido”.