Los estatutarios sufren 18 veces más temporalidad que los funcionarios

La temporalidad reina en el Sistema Nacional de Salud por encima del resto del conjunto del Estado. Tanto es así, que más de un tercio de sus profesionales sanitarios trabajan de forma eventual, según el último informe de la Federación de Servicios Públicos de UGT en base a los datos del Boletín del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda.

En concreto, un 36,5 por ciento del personal estatutarios del SNS ejerce de forma eventual, el mayor porcentaje de todos, y 18 veces mayor que el de la Administración Pública Estatal, que es del dos por ciento, el más bajo de todos.

Después de sanidad, la temporalidad afecta al 25,5 por ciento de los funcionarios de las comunidades autónomas; al 23,8 por ciento de los de Justicia; y al 21,3 por ciento de los docentes no universitarios. Tras ellos, y con un porcentaje mucho menor, esta lacra afecta al 8,3 por ciento de la Administración local y al cinco por ciento de las universidades.

Ante esta situación, el sindicato propone “superar, mediante procesos de consolidación, la alta tasa de temporalidad en determinados sectores (sanidad, entre ellos) que alcanza una media aproximada del 18 por ciento”. Una cifra, según UGT, “tan elevada que pone en cuestión los principios fundamentales del empleo público: estabilidad, independencia, objetividad, profesionalidad y continuidad”.

Erradicar las 37,5 horas semanales

En su propuesta de mejora en las Administraciones Públicas, esta organización también pide eliminar la jornada mínima de 37,7 horas semanales como regulación básica legal. Esto se conseguiría, según el sindicato, facilitando la capacidad negociadora en cada Administración Pública para poder fijar una jornada inferior en virtud de su autonomía y capacidad de organización.

Asimismo, propone incrementar el gasto social en los servicios públicos más esenciales (sanidad, educación, etc), acercando su porcentaje sobre el PIB a la media europea (cinco puntos de media por debajo) y recuperando los objetivos primordiales de la Ley General de Sanidad y de Educación Pública. Según UGT, el sector sanitario ha reducido su gasto más de 8.000 millones de euros desde el inicio de la crisis.