Los cálculos "poco plausibles" del PIB hacen tambalear la pensión médica

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Missmi) augura una evolución positiva del gasto público en pensiones con las últimas reformas. Sin embargo, los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) no son tan optimistas. Según el departamento que dirige José Luis Escrivá, tras la reforma actual del sistema de pensiones el efecto será "prácticamente nulo" sobre su saldo presupuestario en el conjunto del período 2022-2050 y dejará el gasto medio durante el mismo período "holgadamente por debajo" del nivel que activaría la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Por su parte, Fedea considera que estas proyecciones son "poco plausibles" y no se ajustan a la realidad, lo cual afectará también a las jubilaciones y las pensiones de los sanitarios.

"Nuestros cálculos, por el contrario, apuntan a un crecimiento sustancial del gasto en pensiones neto de nuevos ingresos, que rondaría 1,5 puntos de Producto Interior Bruto (PIB) en promedio entre 2022 y 2050, y excedería los 3,5 puntos en 2050. Estos resultados sugieren que la condición que activa la cláusula de salvaguarda del MEI se cumple ya en la actualidad", apuntan desde la federación que lidera Ángel de la Fuente.

Concretamente, subrayan que las principales diferencias entre las conclusiones del Ministerio y Fedea se encuentran en el impacto de los incentivos a la jubilación demorada, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la mejora de las pensiones mínimas. En las dos primeras situaciones, las proyecciones del Gobierno no incluyen los efectos inducidos sobre el gasto futuro en pensiones de los incentivos a la demora de la jubilación o de la subida de las cotizaciones de los autónomos. Además, no se tiene en cuenta que la revisión de las pensiones mínimas y no contributivas no sólo comporta una subida puntual de su cuantía "sino un cambio importante en su regla de evolución, que deja de referenciarse a la inflación para ligarse a la evolución de la renta per cápita media".

En este mismo sentido, De la Fuente y el resto de autores que han elaborado este último informe especifican que las proyecciones en las que se ha basado el Ministerio no son como las de Eurostat. "Respecto a las proyecciones de Eurostat, las del Missmi suponen mayores flujos migratorios a partir de 2035, menor esperanza de vida a partir de los 65 y 67 años, y mayor ocupación. Si en lugar de utilizar el escenario demográfico de Missmi se utiliza el de Eurostat, el gasto total en pensiones en ausencia de las últimas reformas aumentaría en 2050 del 15,65 por ciento al 16,90 por ciento, es decir, en más de 1,2 puntos de PIB. Adicionalmente, por cada décima anual de menor crecimiento de la productividad, el gasto en pensiones en 2050 aumentaría unas tres décimas de PIB", señalan en el documento

Efectos negativos de las reformas sobre el empleo

Asimismo, desde Fedea argumentan que un elemento que se ignora en las expectativas del Gobierno son los potenciales efectos negativos sobre el empleo de las reformas que incrementan los ingresos. Esto es relevante, puesto que puede seguir aumentando la carga del ajuste soportado por las generaciones activas durante el proceso de envejecimiento.

"Esta estrategia resulta particularmente arriesgada en un país, como España, que ha dado muestras de divergencia en renta per cápita y productividad en los últimos 15 años respecto a la UE, y arrastra un déficit público estructural comparativamente alto que amenaza con aumentar su ya muy elevado endeudamiento público y deja un margen de maniobra limitado para afrontar otras prioridades o hacer frente a shocks negativos", lamentan.

Tal y como apunta De la Fuente, aunque la nueva legislación española sobre pensiones contempla la activación de mecanismos correctivos en caso de desviaciones al alza de las proyecciones de gasto neto, no hay que infravalorar los costes económicos, políticos y sociales de esa activación.

"Dado el ya elevado nivel de nuestros tipos de cotización, una subida adicional de las cuotas para cubrir el creciente déficit del sistema público de pensiones podría tener efectos adversos sobre el crecimiento potencial, el empleo, la productividad y, en definitiva, sobre el bienestar de la población", concluyen.