Las medidas sanitarias en el primer año de los 'gobiernos del cambio'

Se cumple un año de las elecciones municipales de 2015 que dibujaron un nuevo mapa político a nivel autonómico en España. La creciente pluralidad política ha acabado con las mayorías absolutas y ha supuesto que muchas comunidades que venían siendo gobernadas por el PP desde hacía varias legislaturas hayan pasado a estar gestionadas por gobiernos progresistas.

Estos nuevos ejecutivos, que en la mayor parte de los casos están gobernados por el PSOE con el apoyo externo de Podemos, han traído cambios sustanciales a la Sanidad. La relación de los servicios de salud autonómicos con el sector privado ha sido lo que más ha cambiado, pero sin llegar a la situación de divorcio que anunciaban algunas voces. Por otro lado, casi todas hacen bandera de la mejora de la situación laboral de su personal sanitario y han aprobado ofertas de empleo público (OPE).

Además, el enfrentamiento con el Ejecutivo central ha sido constante en asuntos como el Real Decreto 954/2015 sobre prescripción de medicamentos. Todas las regiones gobernadas por partidos distintos del PP lo han recurrido: una decena de recursos ante el Tribunal Supremo, a los que se suman otros dos –de Andalucía y Aragón– que el Constitucional acaba de admitir a trámite.

Castilla-La Mancha y Comunidad Valencia han aprobado nuevas leyes que garantizan la asistencia a los ‘sin papeles’, como forma de enmendar la plana al ejecutivo de Mariano Rajoy, que, a su juicio, ha puesto en peligro la universalidad de la sanidad. Esta última comunidad, también ha aprobado una norma para suprimir el copago farmacéutico que se enfrenta a un recurso por parte del Gobierno central.

Este es el panorama sanitario en algunas de las administraciones 'del cambio', un año después.

Valencia: El laboratorio del cambio sanitario más polémico

La Comunidad Valenciana está gobernada por una coalición entre PSOE y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos. En materia sanitaria, la socialista Carmen Montón ha anunciado que no renovará los convenios por los que varias entidades privadas gestionan áreas de salud en la Comunidad, comenzado por el Hospital de la Ribera, en Alzira, cuyo contrato finaliza en 2018. Este tema, unido a la controversia por algunos nombramientos, ha hecho del valenciano el más polémico de los nuevos gobiernos en materia sanitaria. Menos discutido, no obstante, ha sido el anuncio de una OPE de 4.000 plazas en cuatro años “que permitirá reducir un doce por ciento la temporalidad”.

Extremadura: Geometría variable

Extremadura ha tenido que apoyarse en la geometría variable, ya que los desencuentros con Podemos, muchos de ellos en materia de salud pública, han hecho que finalmente el presupuesto regional haya salido adelante con los votos del PP. El impulso a las nuevas infraestructuras sanitarias, paradas durante los últimos años, ha sido el factor que ha impulsado este acuerdo. La ruptura sanitaria entre PSOE y Podemos tiene como causa el rechazo a poner en marcha un mecanismo semejante a las subastas de medicamentos andaluzas. También se menciona el hecho de que no se incremente la plantilla, pese a que la Junta ha aprobado una OPE de cerca de 500 plazas.

Castilla-La Mancha: Reducción de jornada de ida y vuelta

La medida estrella del Gobierno de Emiliano García-Page en relación con sus empleados públicos (la mayor parte dependientes del Servicio de Salud regional, Sescam) ha quedado sin efecto. La vuelta a las 35 horas semanales aplicada a comienzos de año ha sido suspendida cautelarmente, lo que en estos momentos supone un quebradero de cabeza añadido a las dificultades para cuadrar los calendarios del personal sanitario de cara al verano. Otro asunto polémico está siendo la denuncia del convenio con Madrid, por el cual reciben asistencia médica en la comunidad vecina los residentes en zonas limítrofes. En materia de contratación la Junta ha aprobado una OPE de más de mil plazas para este año.

Baleares: Tarjetas sanitarias gratuitas y nueva facultad

La presidenta balear, Francina Armengol, ha aprovechado una interpelación en el Parlamento para hacer balance de este año en materia sanitaria y reivindicar que su Gobierno “ha pasado de los recortes al retorno de la sanidad universal”. Entre los principales logros destaca los 6.000 pacientes atendidos en los centros de salud por las tardes y las 90.000 personas que han renovado sus tarjetas sanitarias gratis. Por otro lado, la construcción de una nueva facultad de medicina en Palma de Mallorca enfrenta al Gobierno balear con sus socios parlamentarios de Podemos, que prefieren que esa inversión se destine a otros fines. 

Asturias: Polémica por las listas de espera

En Asturias el PSOE gobierna en minoría y con una relación complicada con sus socios naturales en el Parlamento que ha motivado que el Principado funcione con los presupuestos prorrogados desde principios de año. Esta situación de prórroga impide que se acometan algunas infraestructuras sanitarias planificadas y, sobre todo, convocar una nueva OPE. Más allá de esto, el alto volumen de las listas de espera en la región se ha convertido en la principal polémica sanitaria, con la creación de una comisión parlamentaria sobre las mismas, impulsada por Podemos.

Navarra: Ley Foral de Sanidad y fin del concierto con la CUN

El Gobierno multicolor de Navarra (una coalición de Geroa Bai, Bildu y Ezkerra-Izquierda con el apoyo parlamentario de Podemos) se ha embarcado en la elaboración de una nueva Ley Foral de Salud, que actualice la vigente, que data de los años 90. Como en otras regiones que han virado a la izquierda en los últimos comicios autonómicos, los convenios sanitarios con la privada se han puesto en tela de juicio y, en este caso, ha sido muy polémica la no renovación del convenio con la Clínica Universitaria Navarra (CUN). En materia de contratación, Salud propone a los sindicatos una OPE de 313 plazas sanitarias.

Aragón: Saturación en las urgencias

El consejero socialista Sebastián Celaya ha tenido que hacer frente a lo largo del último año a una situación de colapso en las urgencias hospitalarias de Zaragoza, al que ha hecho frente con la apertura de un centro de atención continuada las 24 horas en el Paseo Sagasta y con una reestructuración del equipo de urgencias del Miguel Servet. El acuerdo sanitario con Podemos, que apoya al ejecutivo desde el Parlamento, incluye una reducción de los conciertos sanitarios que está suponiendo un verdadero dolor de cabeza para el consejero que no puede contar con la externalización de parte de las pruebas sanitarias para aligerar la saturación de las urgencias y las listas de espera.

Cantabria: La herencia de Valdecilla

El PRC de Miguel Ángel Revilla, en coalición con el PSOE, volvió hace un año al ejecutivo, tras un paréntesis popular. La consejera de sanidad socialista, María Luisa Real, se ha quejado de la herencia recibida con el nuevo hospital de Valdecilla, que, a su juicio, tiene defectos de planificación y, sobre todo, un modelo de colaboración público-privado (circunscrito a la infraestructura y su mantenimiento) que el actual gobierno considera oneroso y del que se ha estudiado la manera jurídicamente viable de revertirlo, aunque sin demasiado éxito.

Ayuntamiento de Madrid

Aunque el Ayuntamiento de Madrid –como el resto de consistorios– no tiene competencias de Sanidad, “sí que las tiene en materia de derechos humanos”. Al menos así lo defiende su concejal  de Seguridad, Javier Barbero, muy implicado en materia sanitaria y que impulsa un plan de acción denominado ‘Madrid, ciudad de los cuidados’. En esta línea, el consistorio que lidera Manuela Carmena puso en marcha la campaña ‘Madrid sí cuida’ a comienzos de este año para recordar a los emigrantes irregulares que tienen garantizada la asistencia sanitaria gratuita. Algo que motivó el enfado de la Comunidad de Madrid, que es quien presta esta atención.