Las grandes compañías sanitarias pagarán un impuesto de sociedades del 23%

Finalmente la sanidad privada no estará exenta del Impuesto de Sociedades como solicitaban hace apenas tres meses. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una modificación del mismo que afectará a unas 9.000 empresas en España. En concreto, a aquellas que facturen 10 millones de euros o más y que son los llamados grandes contribuyentes. 

Tras el anuncio de que España recaudaría 6.000 millones de euros más con la modificación de este tipo impositivo para hacer frente a la senda económica marcada por Bruselas, las empresas sanitarias, que consideraban que deberían estar exentas por "complementar y descargar al sistema público", se verán afectadas por la medida, al igual que las principales compañías de la distribución farmacéutica, como Cofares, Hefame y el nuevo conglomerado formado por Bidafarma, así como el sector de la sanidad privada y el de la tecnología sanitaria. 

Según ha explicado el propio ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa junto a la vicepresidenta en funciones, se trata de un cambio necesario para poder hacer frente a los objetivos de déficit que impone Bruselas.

Además, los cambios también suponen reestablecer el sistema de pagos fraccionados que existía anteriormente. "Lo que hoy aprueba el Consejo de Ministros es recuperar el sistema que ya estaba establecido desde 2012, cuando la recaudación del impuesto sobre sociedades superó los 21.000 millones de euros. Se establece la obligatoriedad de un pago fraccionado de un 23 por ciento sobre un presupuesto constante. De no haber tomado esta medida se reduciría la recaudación del impuesto en una cuantía que no nos podemos permitir si queremos cumplir con el objetivo de déficit", aseguró Montoro. 

---

En los próximos tramos de pago a proveedores se distribuirán 10.489 millones entre las CCAA del FLA

---

Según sus palabras, se trata de que este impuesto mantenga el mismo ritmo de ingreso que ya venía teniendo, por lo que hay que usar el último tramo del año para que en octubre y diciembre -próximos fechas de pago- las empresas afectadas ingresen ese pago fraccionado "que no supone mayor subida, sino que es como un anticipo a cuenta que resulta a devolver en el IRPF" y que "no es solo para 2016 sino que proyectará sus consecuencias hasta que España cumpla su déficit por debajo del 3 por ciento". 

Aire a las comunidades

Además, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó este jueves la distribución del cuarto trimestre del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)  para mejorar los tiempos de cobro de los proveedores. Según ha matizado Montoro, se trata de una cuantía que se corresponde con la financiación del 0,3 por ciento del déficit público, 10.489 millones de euros en total que irán a parar a las comunidades FLA. "Necesitamos cambiar el objetivo de déficit autonómico cuanto antes para poder financiar el exceso del mismo", explicó Montoro. 

Los dos miembros del Gobierno en funciones han explicado que estas modificaciones de la Ley Orgánica de Sostenibilidad Económica y estas medidas tributarias se han aprobado para intentar minimizar los perjuicios para los españoles por la actual situación de desgobierno que vive el país. "Si no hay Gobierno quedan cuatro semanas para aprobar presupuestos, y no se puede hacer de ninguna manera. Por eso hemos anticipado esta modificación para que si hay Gobierno sea innecesaria pero si no, nos puede permitir llevar esos objetivos de déficit público a las Cortes y que las CCAA puedan disponer de la nueva senda y ajustar sus actuaciones para perjudicar lo menos posible a sus servicios públicos", ha anunciado Sáenz de Santamaría. 

Esta medida del impuesto de sociedades, que se publicará esta tarde en el BOE de manera extraordinaria para que el 1 de octubre no haya ninguna duda del régimen aplicable, ha sido negociada con el resto de grupos políticos y gobiernos autonómicos, encontrando una respuesta positiva por su parte para la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad. 

Lo que todavía no ha fijado el Gobierno en funciones es el objetivo para las Comunidades Autónomas para 2017, de manera que cuando lo hagan lo someterán a la consideración de las administraciones territoriales, según ha explicado el ministro de Hacienda en funciones.