Las estafas con fármacos caen ligeramente pese al repunte de criminalidad

Las estafas contra la salud pública por fraudes con medicamentos se mantuvieron por encima de la treintena anual en España en 2023, aunque descendieron con respecto a las contabilizadas en 2022. Según datos del Ministerio del Interior facilitados a Redacción Médica, en el informe de criminalidad del cuatro trimestre de 2023 en España se contabilizaron 32 denuncias de esta clase de delitos, frente a las 38 del año anterior, esto es, un 15,8 por ciento menos.

Se trata de un balance que contrasta con los datos de criminalidad en España registrados, de media, entre enero y diciembre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022. De acuerdo al informe del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, los delitos notificados aumentaron un 5,9 por ciento de un año a otro. En el primer trimestre de 2023 este incremento fue del 7,2 por ciento; en el primer semestre, del 5,8 por ciento, y entre enero y septiembre, del 5 por ciento.

Interior resalta que, por el auge del uso de internet, se observa desde hace ya algunos años, y de manera muy significativa desde 2016, -“en especial en las crecientes formas de comercio y compras online”-, un notable incremento de la llamada cibercriminalidad.

Así es la estrategia de la Aemps contra fraudes

El organismo encargado de velar por que no se cometan este tipo de fraudes es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), adscrita al Ministerio de Sanidad. Hasta 2019 contó una estrategia específica frente a medicamentos falsificados, que estuvo vigente tres años. En el documento se especificaba que el objetivo de todas las medidas incluidas era “la protección de la salud de los ciudadanos de los peligros asociados al consumo de medicamentos falsificados”.

Al respecto se especificaba que, aunque resulta difícil disponer de datos fiables sobre la dimensión del problema, al tratarse de actividades ilegales, “sí se aprecia en los últimos años una tendencia al alza en las intervenciones de medicamentos falsificados en el comercio transfronterizo y en las actuaciones de las autoridades fuera de los canales regulados”.

Tras ello se sacó adelante el Plan Estratégico de la Aemps para el periodo 2019-2023, más generalizado, algo que repitió una vez finalizada su vigencia al publicarse el plan actual. En este, al igual que en el anterior, se detalla que la labor de la Aemps en lo referente a frenar la falsificación de fármacos es controlar, “con la colaboración de las comunidades autónomas y los servicios farmacéuticos de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que no haya productos no autorizados ni falsificados ni adulterados en el mercado, ejerciendo un control farmacéutico en frontera sobre el comercio exterior de los medicamentos, sus materias primas (sustancias activas), productos sanitarios, cosméticos, productos de cuidado personal y biocidas que regula”.

Además, el organismo también “desarrolla las competencias nacionales de control del tráfico lícito de los medicamentos y sustancias estupefacientes y psicótropicas, derivadas de los tratados internacionales suscritos por España y de la normativa nacional y europea, y coordina las actividades de los laboratorios competentes en materia de tráfico ilícito de dichas sustancias en sus contenidos técnico-analíticos”. Sin embargo, no se concretan qué medidas se llevan a cabo para ello.

Marco normativo europeo contra falsificaciones de fármacos

La Directiva 2011/62 de la Unión Europea vino a modificar otra, la 2001/8, del Consejo Europeo, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano para prevenir la entrada de fármacos falsificados en la cadena de suministro legal, y contiene, según se detalla en la estrategia contra fraudes de fármacos de la Aemps de 2019, “distintas disposiciones para proteger la cadena legal” que ya se trasladaron en su momento a la normativa española. “Suponen un refuerzo de la cadena legal de suministro, así como de la venta de medicamentos por Internet”, se explicaba entonces.

Esta Directiva también incluye “los elementos básicos para el desarrollo de un sistema europeo de los dispositivos de seguridad, que permitirán en un futuro próximo la verificación de la autenticidad e integridad de cada envase de medicamento dispensado”. En este sentido, cabe resaltar la aprobación, en 2015, del Real Decreto Legislativo por el que se dio el visto bueno al texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Con ello se incorporaron “herramientas para reforzar la protección del canal legal de medicamentos y principios activos según lo previsto en la normativa europea”. No obstante, el Ministerio de Sanidad lleva al menos dos años tratando de volver a actualizar la normativa, aunque, por el momento, los intentos han quedado en agua de borrajas.