Las CCAA ceden a Interior el liderazgo policial ante agresiones en sanidad

En poco tiempo, los profesionales sanitarios contarán con un nuevo aliado en su lucha contra el preocupante incremento de las agresiones en su ámbito laboral. La figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, impulsada por el Ministerio del Interior en la Instrucción 03/2017, publicada el pasado mes de junio “garantizará una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas”, en palabras del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
 
La creación de enlace entre la Policía y los sanitarios se gestó tras una reunión que el Ministerio del Interior mantuvo con la Organización Médica Colegial (OMC) y su Observatorio Nacional de Agresiones, con representación del Ministerio de Sanidad. Su objetivo es establecer cauces de comunicación con el centro sanitario y las organizaciones profesionales, para atender a sus preocupaciones y tratar de detectar puntos negros. Sin embargo, tres meses después de que se anunciara, son pocas las comunidades que cuentan con esta figura implantada.
 
La mayoría de los Gobiernos autonómicos están a la espera de que sea el Ministerio del Interior (o la Delegación del Gobierno respectiva para cada una de ellas) el que les convoque y les explique cuáles son sus planes. Según explica un portavoz de un gobierno autonómico –que es representativo de la mayoría– “entendemos que es la Policía la que tiene que designar a un interlocutor territorial para cada área y esperamos a que Interior nos comunique quién es ese enlace”.

Cantabria y Baleares ya cuentan con interlocutor policial
 
Sin embargo, otras regiones han entendido que la creación de esta figura sí les interpela y han puesto en marcha la maquinaria para agilizar su implantación. En algunas ha sido la propia Consejería de Sanidad la que ha cobrado protagonismo y en otras la iniciativa la ha tomado el colegio profesional. Este último es el caso de Cantabria, donde el pasado 10 de octubre se anunció que la Región era la primera de España en contar con esta figura. Su puesta en marcha se definió a partir de una reunión en julio entre el Colegio de Médicos de Cantabria, la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, la Delegación del Gobierno en Cantabria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 
También se encuentra implantada ya esta figura en Baleares, donde el Gobierno regional informa de que, a tal efecto, “ya se han llevado a cabo a las reuniones” necesarias “entre la Policía Nacional de las Islas, representantes de Ib-Salut, Ubes, Mutua Balear, el Hospital de Son Espases y representantes de los colegios Médico y de Enfermería”.
 
Trabajos muy avanzados

Otras regiones tienen muy avanzados los trabajos para implantar el interlocutor policial. En Castilla y León, el pasado 7 de septiembre de 2017 la Dirección General de Profesionales se remitió a todas las Gerencias de Asistencia Sanitaria y las Gerencias de Salud de Área un oficio instando a los gerentes a que promovieran los contactos que fueran precisos con cada Subdelegación del Gobierno para concretar su puesta en marcha. Algunas Gerencias, como la de Soria ya habían mantenido contactos antes de esta instrucción.
 
En el caso de Aragón, la Consejería de Sanidad confirma que el área de Recursos Humanos del Salud se está trabajando coordinadamente con la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno regional para acelerar la elección de esta figura, que –recordemos– debe ser provista por el Ministerio del Interior. En el caso de Extremadura, el coordinador nacional del Observatorio de Agresiones de la OMC, José Alberto Becerra –que es extremeño–, ha adelantado la celebración de reuniones entre la Consejería extremeña de Sanidad, la Delegación del Gobierno y el sector con este fin.

Primeros contactos
 
En un estado más inicial está la cuestión en la Comunidad Valenciana. La Conselleria de Sanitat explica que solicitó una reunión a Delegación del Gobierno para abordar el tema al saberse de la iniciativa. “Se ha mantenido una primera reunión al efecto y  está pendiente de mantener otra reunión con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo la implementación de las medidas previstas”, explican. “Dado el interés de esta Consejería en abordar el tema de las agresiones, esperamos en breve tener toda la información necesaria para trasladar las correspondientes instrucciones a todos los centros de trabajo”. Parecida es la situación en Castilla-La Mancha, donde la primera reunión estaba prevista para esta misma semana. O en Murcia, donde la Coordinación del Plan contra Agresiones indica que ya está en contacto con la Jefatura Superior de Policía de Murcia para tratar este asunto.
 
Finalmente hay otro grupo de comunidades autónomas donde la implantación del interlocutor policial aún no está en fase inicial. Es el caso de Galicia, donde, explica, “es un asunto que está tramitándose aún en la Delegación de Gobierno”. De manera similar, en Madrid, fuentes de la Consejería de Sanidad indican que esperan a que la Delegación les concrete cómo se va a implantar la figura para analizar cómo se coordina con el Plan de Agresiones regional y con el recientemente creado Registro de Agresiones a Personal Sanitario, en el que la Comunidad de Madrid es pionero.

En buena parte de las CCAA, el asunto se encuentra tramitándose aún en la Delegación del Gobierno.