Aunque la fecha límite es a finales de 2024, algunas regiones trabajan para financiar este dispositivo en 2023

Las CCAA aceleran la inclusión del sensor de glucosa a diabéticos tipo 2
Sensor de glucosa.


31 oct. 2022 12:10H
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Una vez más, la inequidad reina en el Sistema Nacional de Salud (SNS) debido al ritmo en el que las comunidades autónomas incluyen prestaciones en su cartera de servicios. En esta ocasión se trata del sensor de glucosa a las personas con diabetes tipo 2 que requieren múltiples dosis de insulina, un dispositivo que es financiado en cuatro regiones: País Vasco, la Región de Murcia, Andalucía y La Rioja.

Estas cuatro comunidades autónomas se han anticipado a la inclusión de esta terapia en la cartera común de servicios del SNS, cuya fecha límite es el 31 de diciembre de 2024, como se acordó en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS de 6 de abril de 2022. Ello ha provocado que varias regiones aceleren los trámites para la implantación del sensor de glucosa cuanto antes.

Navarra es previsiblemente la siguiente comunidad autónoma que se adelantará al resto. "En estos momentos se está realizando la formación a los equipos de Atención Primaria en el manejo y seguimiento del sensor de glucosa a las personas con diabetes tipo 2", según explica la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a Redacción Médica.

El dispositivo "se empezará a dispensar en enero de 2023 desde los centros de salud" a pacientes con déficit visual, limitaciones funcionales, discapacidad, dependencia o deterioro cognitivo que les limite o impida realizar punciones digitales o reconocer, expresar o actuar ante una situación de hipoglucemia; pacientes con antecedentes de hipoglucemias graves, definidas como las que precisan una atención sanitaria o ayuda de una tercera persona para su resolución (un episodio o más en los últimos dos años); pacientes menores de 18 años, y mujeres gestantes o en programación de embarazo.

Regiones que trabajan sin fecha


Por otra parte, las demás comunidades autónomas que han accedido a actualizar el estado de la inclusión de esta prestación en su cartera de servicios aseguran que trabajan en ello, pero aún no se aventuran a fijar una fecha.

En Extremadura, "se realizará la implementación en breve y de forma paulatina atendiendo a unos criterios de priorización", según apuntan fuentes de la Consejería de Sanidad. En la actualidad, se está organizando la formación de los profesionales como paso previo a la prescripción del dispositivo. "En pocas semanas estaremos en disposición de iniciar la prescripción del sistema de monitorización en diabéticos tipo 2 que cumplan los requisitos", añaden.

Galicia indica que "mantendremos los plazos acordados" en relación a la implementación de los sistemas de monitorización de glucosa a los diabéticos tipo 2. No obstante, agregan que la inclusión "se realizará de forma progresiva y atenderá a unos criterios de indicación y priorización acordados en el seno de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación (CPAF), que aún no han sido publicados".

"Estamos trabajando en ello", esgrimen fuentes de la Consejería de Salud de Asturias, mientras que en Castilla y León también se continúa avanzando en la incorporación de esta prestación asistencial. Por último, Aragón asegura que "no tiene planificado adelantarse a su inclusión en la cartera de servicios".

Mejorar el control glucémico


Una de las herramientas tecnológicas que ha demostrado mejorar el control glucémico es la monitorización de glucosa mediante sensores de glucosa. Estos sensores son unos dispositivos que se insertan de forma sencilla bajo la piel, permitiendo detectar minuto a minuto los niveles de glucosa, por lo que son seguros y eficaces.

Este dispositivo ha permitido, por un lado, disminuir el número y la duración de las hipoglucemias y mejorar el control metabólico, siendo además coste efectivo para el sistema de salud, al reducir el gasto en tiras de control glucémico y conlleva, por otro lado, una mayor satisfacción con el tratamiento y una mejora en la calidad de vida de los pacientes, según argumentan algunas de las regiones que lo han incluido en su cartera de servicios.
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