Las 37,5 horas sondean ser flexibles en una sanidad privada "en déficit"

Las empresas privadas que gestionan determinados servicios de la sanidad pública a través de convenios y conciertos podrían verse beneficiadas por la flexibilización de la adaptación a la jornada laboral de 37,5 horas sin rebaja salarial que negocian el Ministerio de Trabajo, los agentes sociales, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). "No se puede descartar", aclaran a Redacción Médica fuentes de la negociación. A pesar de ello, desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) siguen manteniendo una postura firme en contra de la reducción de la jornada, con o sin mecanismos de adaptación: "Habría serios contratiempos para atender el volumen del servicio sanitario que presta la sanidad privada, en tanto en cuanto la reducción llevaría forzosamente a incrementar las necesidades de personal".

En la reunión de la Mesa de Diálogo Social de este lunes, el departamento de Yolanda Díaz planteó a las otras dos partes una adaptación progresiva a la reducción de jornada laboral que persigue el Gobierno mediante una distribución irregular del tiempo de trabajo. La propuesta bebe de las peticiones concretas de las patronales empresariales y, de concretarse, afectaría, entre otras, a “las empresas concesionarias sometidas a contratos de la Administración Pública”, según avanzó posteriormente el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez.

A pesar del distanciamiento escenificado por las patronales con respecto a Trabajo y sindicatos en torno a uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta segunda del Gobierno y del pacto de Gobierno de coalición, el último encuentro mantenido entre todas las partes se saldó con un acercamiento prometedor en pos de un acuerdo a tres bandas para el cual, según Pérez, “no hay ningún inconveniente” por parte del Ejecutivo, que “hace esfuerzos semana tras semana” en pos de ello.

En esa línea, el secretario de Estado de Trabajo valoró que, “por primera vez desde hace seis meses”, los representantes empresariales hayan puesto sobre la mesa “elementos de mayor concreción” de cara a “avanzar” en las negociaciones. Lo que reclaman las patronales es, básicamente, más flexibilidad en la asunción de la reducción de horas -que sería hasta las 38,5 a partir de este otoño para llegar a las 37,5 en 2025, según la intención ministerial- mediante “una mayor redistribución del uso del tiempo de trabajo” en jornadas irregulares y “un mayor tiempo transitorio de adaptación” que, en cualquier caso, no se prolongará hasta 2030, algo que, para Trabajo “no tiene sentido”.

Entre los sectores que van a poder beneficiarse de esas medidas de adecuación más cómoda, en caso de aprobarse, se encuentran, según Pérez, “las microempresas, que tienen una menor capacidad de adaptación que los gigantes empresariales”, también aquellas que “tienen que recorrer un mayor camino entre su jornada actual y la nueva jornada legal” y, en tercer lugar, las concesionarias de servicios públicos.

No obstante, las fuentes de la negociación consultadas aclaran que el planteamiento es aún embrionario y que, en este último caso, no se llegó a especificar si los mecanismos de flexibilización afectarían, entre otros, a los hospitales privados que tengan conveniadas determinadas derivaciones de prestaciones de la sanidad pública y las adjudicatarias de servicios como el transporte sanitario. Será más adelante cuando toque sentarse a delimitar a qué ramas de actividad alcanzará la adecuación hacia las 37,5 horas, por lo que, de acuerdo a las mismas fuentes, todavía es pronto tanto para confirmar como para descartar que la sanidad privada sea una de las beneficiarias.

La privada, contraria a la jornada semanal de 37,5 horas

Aunque se consiga o no esa flexibilidad para reducir la jornada de trabajo, el paso adelante en la negociación ha caído como un jarro de agua fría en la patronal de la sanidad privada. Desde ASPE aseguran a este periódico que las 37,5 horas afectarían “gravemente al sector privado”, tenga o no convenio con la pública, porque, entre otros motivos, conllevaría "serios contratiempos" para dar respuesta a su volumen de asistencia y lo abocaría "forzosamente" a "incrementar las necesidades de personal”.

En ASPE recuerdan, no en vano, la "situación complicada" que atraviesa actualmente la sanidad, en general, y el sector privado, en particular, debido a un “grave” déficit de profesionales sanitarios que afecta tanto a Medicina como a Enfermería. El verano anterior, desde la patronal confirmaron que el 98 por ciento de los centros privados busca personal de Enfermería. “La situación no tiene visos de mejora sin medidas urgentes que permitan mitigar el problema a corto plazo, por lo que la legislación laboral provocaría una enorme adversidad para el sector”, aseguran.

En este contexto, la privada critica que no se hayan tenido en cuenta las “numerosas” medidas propuestas por el sector para paliar esta situación, tales como la mejora de las incompatibilidades, la adaptación de competencias profesionales, la participación en el MIR y la homologación de sanitarios extracomunitarios.

A pesar de los argumentos de ASPE, lo cierto es que más de 200.000 profesionales sociosanitarios del sector privado cuentan ya con una jornada semanal inferior a las 37,5 horas, tal y como recoge el V Observatorio sobre igualdad publicado por Adecco. No obstante, no son la mayoría, según el informe. Si se observa la franja establecida entre las 37,5 y 38 horas, el número de trabajadores desciende hasta 20.283, mientras que son 15.982 los empleados que trabajan entre 38 y 38,5 horas, y 480.504 los que tienen una jornada de más de 39,5 horas. En definitiva, en el 72 por ciento de los casos se supera las 37,5 horas semanales que el Gobierno busca implantar.

PSOE y Sumar apuestan por un acuerdo a tres bandas con matices

Fuentes parlamentarias del PSOE valoran el acercamiento entre las partes de la Mesa de Diálogo Social. "Lo ideal es un acuerdo tripartito, que es lo que se está intentando", trasladan a este medio antes de advertir de que, "a la larga", los acuerdos en los que no hay unanimidad "cojean". Es una perspectiva compartida, en parte, por Sumar. Su portavoz en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Verónica Martínez Barbero, coincide en que lo mejor es un pacto en el que figuren tres firmas, pero que, independientemente de que se consiga o no, "ha llegado el momento de que la reducción de jornada sea real".

En este sentido, la responsable de Sumar recuerda que lo que hace ahora el Ministerio de Trabajo en la Mesa no es sino hacerse cargo de la "voluntad" expresada por el Congreso, que en febrero aprobó una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno que trabajara en pos de la jornada de 37,5 horas semanales. "De todos modos, me consta que el ministerio sigue intentando que el acuerdo sea a tres bandas. Todos tenemos que dejarnos pelos en la gatera", reitera.

La propuesta de reducción de jornada laboral que el departamento de Yolanda Díaz entregó a sindicatos y patronales este lunes no sólo incorpora medidas para cumplir con la demanda de contar con una adaptación flexible, sino también un agravante para las infracciones relacionadas con los excesos de horas de trabajo, cuyas sanciones pasarían de considerarse graves a muy graves. Según el secretario de Estado de Trabajo, son situaciones que “pueden provocar daños a la salud y la seguridad de los trabajadores”. “El trabajo de sol a sol mata”, dijo.

La Mesa volverá a reunirse la próxima semana, cuando se prevé contar con una contrapropuesta de la CEOE y Cepyme. “Creo que el documento avanza en la buena dirección”, destacó Pérez, que se comprometió a “seguir estudiando otras medidas que puedan generar las condiciones adecuadas para llegar a un acuerdo cuanto antes”.