Redacción. Madrid
La Comisión Europea ha recibido quejas de ciudadanos tratados en hospitales españoles de “zonas turísticas” que han visto rechazada su tarjeta sanitaria de la UE. Por ello, pide explicaciones al Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy.
José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, y la ministra de Sanidad, Ana Mato.
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Aunque el informe de la Comisión no cifra dichas quejas, parecen ser lo suficientemente importantes en número como para que sospeche, tal y como explica, de que España “podría estar infringiendo sus obligaciones europeas” a la hora de prestar atención sanitaria de urgencia a visitantes “temporales” en las mismas condiciones que la reciben los pacientes españoles. Sí advierte al Ejecutivo de Rajoy que las reclamaciones “han aumentado” y especifican que los perjudicados han sido obligados a presentar seguros de viajes y tarjetas de crédito para pagar la asistencia recibida. Y en algunos casos, según dicho informe, desde los centros hospitalarios han comunicado al turista que la tarjeta de la UE no es válida si tienen un seguro de viaje. También se ha tenido constancia de que algunos turistas a los que sí se les ha validado dicha tarjeta, se han encontrado con una factura al volver a su país.
Italia ‘se salta’ las jornadas de descanso de los médicos
Desde la institución que lidera José Manuel Durao Barroso también se ha llamado la atención a la vulneración que estaría haciendo la sanidad italiana ante las jornadas de descanso de los médicos, reguladas en la Directiva 2003/88/EC. Al parecer, hay una cuestión conceptual con respecto a la norma europea: la sanidad de Italia califica como “managers” a clínicos que no tienen que ver con el ámbito gerencial, sí excluido de las directrices de medias semanales laborales y descanso que pactaron los Estados miembros. Esto ha desencadenado, denuncia la Comisión Europea, en una pérdida de derechos de los facultativos que además, según indica, sufren normas estatales que tampoco les garantizan unos periodos de descanso adecuados.
Esta queja toma forma de “opinión razonada” ante la sospecha de infracción de normas de la UE, lo que supone que Italia tendrá dos meses para notificar a la Comisión las medidas tomadas para adaptar su legislación a la europea en estos aspectos. A partir de ahí, la institución decidirá si lleva el caso al Tribunal de Justicia europeo.
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