La UE avala que España no pague los intereses a proveedores sanitarios

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Eleanor Sharpston ha pedido a esta instancia europea que no se oponga al plan español de pago a proveedores (entre ellos los sanitarios), por el que el Gobierno no abonó 3.000 millones de euros en intereses de demora a quienes se acogieron al mecanismo de pago a proveedores (unas 200.000 empresas de todos los sectores) en 2012 y 2013, bajo la condición de que así cobraran lo adeudado.

La letrada considera que el mecanismo “ofrecía al acreedor la posibilidad de elegir” entre adherirse al plan para recibir el pago en un plazo breve de tiempo o continuar con la situación anterior, por la que debía contar con más tiempo para cobrar, pero “seguiría teniendo derecho” a los intereses de demora y a la compensación por costes de cobro. Por otro lado, afirma que “nada se opone” en la legislación comunitaria a “una norma nacional como la española”, en la que el acreedor puede sumarse a un plan para “el pago acelerado del importe principal adecuado” con arreglo a un contrato, a cambio de renunciar al cobro de intereses y compensaciones.

En concreto, en sanidad, la deuda cerró en casi los 6.000 millones de euros a finales de 2015, y el periodo medio a los proveedores sanitarios fue de 65,51 días, casi trece días por encima de la media del resto de las operaciones.
Las disposiciones del mecanismo diseñado por el Gobierno español, añade la abogada del TUE en sus conclusiones, “no constituirían una ‘cláusula contractual’ o una ‘práctica’ en el sentido de la Directiva (sobre morosidad), ni serían “manifiestamente abusivas”. Además, la abogada general ha descartado que el hecho de que el deudor sea un organismo relacionado con el Estado y no una empresa privada tenga relevancia alguna a este respecto.

Varios proveedores del SMS recurrieron a los tribunales

Las conclusiones responden a una consulta de un juzgado de Murcia, que ha preguntado al TUE si la normativa española es contraria a la directiva, después de que varios proveedores  del Servicio de Salud de esta comunidad autónoma recurrieran a los tribunales. El SMS, sin embargo, sostiene que los proveedores se sumaron al plan de pago de manera voluntaria y que la renuncia al derecho al cobro de intereses de demora y a la compensación de los costes de cobro no tuvo lugar antes de que naciera la deuda, sino una vez que ésta hubo nacido y resultado impagada.

La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia Europeo, sino que su misión es proponer una solución jurídica a un asunto sobre el que los jueces comienzan ahora sus deliberaciones. Las sentencias del TUE, no obstante, siguen en la mayoría de los casos las recomendaciones del abogado.

El Gobierno, satisfecho con las declaraciones de la abogada del TUE

Las conclusiones presentadas por la Abogado General están alineadas con la posición defendida por España, explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado, ya que, aunque las mismas no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE y habrá que esperar a la sentencia, sí que son seguidas en la mayoría de las ocasiones.

“Hay que recordar que el Gobierno de España puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores en 2012 para beneficiar a las empresas proveedoras de servicios y suministros de ayuntamientos y comunidades autónomas que tenían miles de facturas pendientes de cobro, y dio solución a un problema de morosidad que no se había atajado, ni a nivel nacional, ni tampoco en el ámbito de la Unión Europea”. Y continúa, “en aquel año, la mayoría de las entidades territoriales no tenían acceso al mercado para financiarse, por lo que existía una situación crítica no sólo para las finanzas públicas de comunidades y ayuntamientos, sino para la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos, víctimas de la morosidad”.

Según un informe del Banco de España, gracias al mecanismo de financiación, se desbloquearon los pagos y se canalizaron fondos al sector privado que pudieron salvar alrededor de 400.000 empleos de las empresas afectadas. Según las cifras disponibles de 2016, a través del Plan de Pago a Proveedores, del Fondo de Liquidez Autonómico, y del resto de los mecanismos adicionales de financiación, se ha movilizado liquidez para satisfacer los vencimientos, las facturas de proveedores y las deudas en general con las Administraciones públicas por un importe total de 201.559 millones de euros.