El aborto “no tiene impacto negativo en el SNS”

Cristina Alcalá / Imagen: Pablo Eguizábal. Toledo
Para la ministra de Sanidad, Ana Mato, el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, más conocido como  reforma de la ley del aborto, no supondrá “ningún impacto negativo en el Sistema Nacional de Salud”.

José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha; Ana Mato, minsitra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad.

En este sentido, Mato ha destacado también la propuesta de mejora del marco legal que regula la objeción de conciencia en los profesionales sanitarios y refuerza, además, la información al paciente. “Esta mejora aporta una mejor definición y aplicación de cómo debe estar regulado este derecho en España”, ha explicado la secretaria general del Ministerio, Pilar Farjas.

Mato, junto a la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, y el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, han explicado las principales conclusiones del Consejo Interterritorial del SNS de este miércoles en Toledo. La reunión ha congregado a los 17 consejeros autonómicos, quienes han debatido casi  40 puntos que afectan al sistema sanitario.

Mato habla de las agresiones a profesionales sanitarios. La ministra explica los cambios en el informe sobre el aborto.

El último y el que más polémica ha suscitado ha sido la reforma del aborto, un planteamiento que se incluyó tarde y que ha dividido a los consejeros: Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias han votado en contra de este informe, por “vulnerar la capacidad de decisión de la mujer y es un riesgo para la salud”, alegando además el peligro al que se exponen los profesionales sanitarios en materia de seguridad jurídica. Las cinco autonomías ‘díscolas’ han pedido la retirada del documento, además, porque cinco minutos antes de debatirlo, se les ha presentado un informe de base jurídica sobre los aspectos que el proyecto de ley de reforma del aborto afectaba a la legislación sanitaria.

Blanco explica las razones de su voto negativo.

Según ha explicado el consejero de Sanidad de Asturias, Faustino Blanco, la ley del aborto afectaba a cuatro leyes, y debido a que un importante número de miembros del Consejo Interterritorial  no tiene base jurídica, no podían valorarlo. “Este documento se tenía que haber remitido con tiempo suficiente para poder analizarlo y poder pronunciarnos”. Por tanto, y a pesar de que el informe ha salido adelante, otras cuatro comunidades autónomas han apoyado la postura de Blanco de retirarlo.

Reconocimiento de autoridad pública al personal sanitario

El Pleno del Consejo Interterritorial ha dado luz verde también al documento para promover el reconocimiento de la condición de autoridad pública al personal sanitario, principalmente, cuando se vea en peligro de sufrir una agresión.

Además, en materia de profesión sanitaria, el CI acuerda garantizar la movilidad de estos profesionales por todo el territorio nacional, a través de la aprobación de un Proyecto de Real Decreto de Categorías y Equivalencias Profesionales, que incorpora un sistema de homologación de categorías para el personal sanitario con el que podrán acceder a las plazas vacantes de otras regiones.

El bloqueo de la vacuna de la varicela

La polémica sobre el bloqueo de la vacuna de la varicela ha sido uno de los temas candentes en el Interterritorial. Ana Mato ha anunciado que la Comisión de Salud Pública se volverá a reunir para abordar esta restricción. “Por si hay alguna comunidad autónoma que quiera plantear la modificación del calendario vacunal, que se decidió por unanimidad”, ha aseverado al respecto.

El copago hospitalario, sin marcha atrás

Aunque era un punto que no estaba incluido en el orden del día, Mato ha asegurado que el copago hospitalario no dará marcha atrás, a pesar de que todas las comunidades autónomas deberían haberlo aplicado el pasado mes de enero. La ministra ha mostrado su convencimiento de que todas y cada una de las autonomías comenzarán a aplicar esta medida, aunque no ha dado plazo alguno. 

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