La primera ministra italiana aprueba reincorporar a sanitarios antivacunas

Las primeras medidas del Gobierno italiano de Giorgia Meloni, aprobadas este lunes en el Consejo de Ministros, eliminaron la vacunación obligatoria contra el covid para los sanitarios e introdujeron penas más duras para quien organiza y participa en las fiestas raves. Meloni ha afrontado este lunes su primera rueda de prensa como primera ministra para informar de las medidas aprobadas y comunicar la designación de 31 subsecretarios y ocho viceministros.

En este primer consejo de ministros se aprobó el vencimiento desde mañana, 1 de noviembre, de la obligación de vacunación contra el covid para los sanitarios: "El panorama epidemiológico ha cambiado, en particular a partir de los datos podemos ver que el impacto en los hospitales es limitado y hay una disminución de las infecciones y estabilización de los hospitales", explicó el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La medida, muy criticada por la oposición, servirá además para reintegrar en sus puestos de trabajo a cerca 4.000 entre médicos y personal sanitario que no quisieron vacunarse contra el covid y fueron por tanto suspendidos de empleo y sueldo. "Hay escasez de personal médico: por lo tanto, que estos médicos no vacunados regresen al trabajo sirve para contrarrestar la escasez y garantizar el derecho a la salud”, añadió Schillaci.

"No a un enfoque ideológico de la pandemia”, dijo la primera ministra, que atacó la gestión del anterior Ejecutivo al asegurar que "hubo una infinidad de medidas tomadas por los gobiernos que no tenían evidencia científica en la base”. La respuesta del secretario general del progresista Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, fue: "El primer acto del Gobierno es premiar a los antivacunas". Por otra parte, Meloni destacó que "la lucha contra el crimen organizado es uno de los objetivos del Gobierno" y por tanto se aprobó la ley que no permite otorgar beneficios penitenciarios a los presos o reclusos que no colaboren con la Justicia.

Así como se aplazó hasta el 30 de diciembre la entrada en vigor del decreto legislativo con la reforma del proceso penal aprobado por el anterior Gobierno para poder hacer algunas mejorías, y el ministro de Justicia, Carlo Nordio, aseguró que “no hay riesgo de perder los fondos europeos" vinculados a las reformas. Otra de las medidas es la introducción de un nuevo delito, "el de invasión para reuniones peligrosas”, que se refiere a la organización, entre otras cosas, de fiestas ilegales, las llamadas raves, como la última que se celebró en Modena (centro) y que Interior ordenó hoy a la policía que acudiese a evacuar la zona.

"Confiamos, como ocurre en otros países y otros sectores, en que la norma, una vez implantada, pueda ser un elemento disuasorio para estos eventos", explicó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, subrayando que la sanción para quien "organiza" una rave varía de 3 a 6 años". Para Meloni, este vacío legal permitía que los jóvenes de todas Europa eligiesen Italia para organizar estas fiestas ilegales.