OMC: ni incompatibilidad de cargos ni una Administración demasiado intervencionista

Javier Barbado. Madrid
La Organización Médica Colegial (OMC) se ha mostrado cauta con el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobada en Consejo de Ministros el pasado 4 de agosto, ya que respalda muchos de sus postulados –en especial los relacionados con la colegiación obligatoria, el reconocimiento de autoridad competente, la acreditación de profesionales y su reconocimiento como autoridad de certificación así como el Código Deontológico único– pero se muestra en desacuerdo con otros como, por ejemplo, la “excesiva” tutela por parte de la Administración de las juntas directivas colegiales que se menciona en la normativa, la territorialidad en la adscripción de los colegiados que, tal como está redactada, impide el adecuado control de los miembros de un colegio profesional en función de dónde ejerce o vive el profesional, y la incompatibilidad de cargos para los dirigentes colegiales, ya que la considera demasiado exigente si se tiene en cuenta que éstos no ostentan cargos públicos, de acuerdo con las fuentes consultadas por Redacción Médica.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.

En sesión de Asamblea Extraordinaria celebrada este sábado, los asesores juristas de la OMC Ricardo de Lorenzo y Pedro González, y también Luis Calvo, de Unión Profesional, han permitido a los asistentes analizar el anteproyecto en cuestión. Según han difundido fuentes de la propia entidad, la valoración general que se hace del documento es positiva en los asuntos referidos pero, al mismo tiempo, “la Asamblea (…) ha expresado su preocupación al percibir una serie de amenazas sobre la autonomía e independencia en el ejercicio de las potestades que tienen los Colegios de Médicos”.

En este sentido, se da a conocer “su más enérgico rechazo así como la necesidad de concreción y rectificación a los aspectos relacionados con la territorialidad de la colegiación, y con el excesivo control por parte de la Administración de las funciones inherentes a los Colegios y su excesivo intervencionismo que ponen en riesgo la independencia de las corporaciones”, y también se subraya la disidencia del órgano colegial con las incompatibilidades de los cargos directivos, el régimen económico planteado y el de la composición de la Comisión de Reforma de las Profesiones, en la que pide su participación.

Preguntado por su opinión personal relacionada con este asunto,  De Lorenzo ha explicado a Redacción Médica que considera un “hecho positivo” la elaboración del anteproyecto, y también que se mantenga el principio de colegiación obligatoria para las profesiones sanitarias, que fue puesto en cuestión por algunas comunidades autónomas (en concreto Extremadura, Andalucía, Asturias y Canarias) contra el criterio del Tribunal Constitucional.

De Lorenzo, que ha recordado que el anteproyecto establece un nuevo régimen jurídico para los colegios profesionales “que derogaría en bloque la normativa actual, esto es, la Ley 2/1974”, lo que incluye las modificaciones que se han sucedido en el tiempo hasta la actualidad, también ha matizado que la actual redacción de la normativa “requiere de una profunda revisión porque, en su versión actual, no se ha acertado a la hora de formular un planteamiento capaz de articular de forma ponderada la función de tutela administrativa con los principios de autonomía e independencia de los órganos de gobierno colegial, que son imprescindibles salvaguardar”.

Desde su punto de vista, “el anteproyecto es necesario para cubrir lagunas normativas, actualizar y dar transparencia a las organizaciones profesionales colegiales, pero  su  texto actual incurre en excesos que, si no se corrigen, podrían suponer un retroceso  notorio en perjuicio de los profesionales (médicos)”.

Medidas “carentes de realismo” e “inapropiadas”

Con relación a este último comentario, el jurista asesor de la OMC ha precisado a este periódico que, en efecto, “el anteproyecto introduce novedades muy importantes en cuanto al régimen de incompatibilidades, concebidas, en principio, como garantía de independencia en el ejercicio profesional”. “Sin embargo, se prevén algunas medidas carentes de realismo y por completo inaceptables, en particular respecto del desempeño de cargos directivos en las entidades de previsión social para profesionales (médicos), pretendiéndose instaurar un régimen de incompatibilidades más intenso y riguroso incluso que el establecido para el personal al servicio de las Administraciones Públicas, para unos cargos que no tienen la condición de cargos públicos a los efectos del ejercicio del derecho fundamental reconocido en el Art. 23.2, de nuestra Constitución”, sentencia.

Asimismo, ha añadido que “aunque es razonable que el anteproyecto incluya la función de tutela por parte de las administraciones públicas, resultan inapropiadas y, por tanto, deberían ser suprimidas por  radicales, determinadas medidas como la disolución de órganos colegiales, como en el supuesto de calificación desfavorable de la Memoria anual de actividades”, aspecto en el que coincide otra fuente consultada por Redacción Médica, que precisa la necesidad de limitar las pretensiones del documento en este aspecto “aun cuando nosotros, como corporaciones de Derecho Público, nos debemos, como es lógico, a las administraciones” lo que, en su opinión, no obsta para tachar de excesivo un control tan importante de las juntas directivas “que han sido elegidas democráticamente”.

Ricardo de Lorenzo.

Esta misma fuente ha informado de que, en la Asamblea Extraordinaria, ha habido consenso en la defensa del Código Deontológico único –“algo que siempre hemos defendido”– tal como propone la normativa en curso pero, en cambio, no se está de acuerdo en que, según se dicta en ella, la mayoría de los integrantes de la Comisión Deontológica de cada colegio no sea ejerciente de la Medicina mientras ostente el cargo, “algo incomprensible para nosotros pues, para conocer los problemas de los profesionales, resulta imprescindible el ejercicio activo” del oficio.

Por último, De Lorenzo ha puntualizado asimismo que, en su opinión, “en la Comisión para la Reforma de las Profesiones deberían incluirse mecanismos de participación efectiva de los Consejos y Colegios potencialmente afectados, de modo que dicha Comisión no sea un órgano endogámico y estrictamente burocrático”. “Esta participación sería absolutamente indispensable, porque con ella la Comisión podrá acertar en sus acuerdos al contar con información y criterios profesionales. No hacerlo así sería muy arriesgado, ya que las decisiones de la Comisión podrían ser fruto de planteamientos no contrastados e incluso arbitrarios”, ha concluido.