La marcha de Escrivá deja sobre la mesa cinco grandes retos sanitarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombrará este jueves gobernador del Banco de España al hasta ahora ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Hasta que se decida quién será su sucesor, la decisión dejará huérfano un departamento, el de Función Pública, que ha experimentado diversos cambios en menos de un año de legislatura. Aunque Sánchez siguió incluyéndolo en el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero cuando anunció, en noviembre, la composición de su nuevo Gobierno días después de su investidura, algo más de un mes más tarde las competencias pasaron a manos de Escrivá, que ya había asumido las de Transformación Digital.

No ha transcurrido ni un año desde entonces, pero ese tiempo le ha bastado al próximo gobernador del Banco de España para anunciar o iniciar el proceso de cambio de determinados aspectos que afectan de forma directa al ámbito sanitario y que ahora quedan pendientes de consumarse, como la eliminación de la tasa de reposición y la renovación del concierto de Muface. A estos se suman otros retos e incertidumbres que habrá de afrontar el sustituto de Escrivá. Aún no suenan nombres, pero lo que sí parece claro es que las competencias del ministerio se mantendrán inalterables y no se dividirán ni se integrarán en otras carteras.

Renovación del concierto de Muface

El concierto del Estado con Muface para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios que opten por el modelo mutualista expira el próximo 31 de diciembre. En un escenario económico distinto al de 2021, cuando entró en vigor el convenio, y, sobre todo, volátil, las entidades mutualistas Adeslas, Asisa y DKV han mostrado en diversas ocasiones su preocupación y han abogado por reforzar la financiación del modelo.

Aunque, según el Gobierno, la interlocución con las compañías en pos de ello era “fluida”, Escrivá indicó a Redacción Médica en marzo que el avance de las conversaciones dependía de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) emitiera un informe de evaluación. Sin embargo, en julio aún no se contaba con ese documento. Todo apunta a que la auditoría no estará disponible hasta finales de año, cerca de la fecha en la que expira el concierto.

Eliminar la tasa de reposición en 2025

En enero, Escrivá anunció su intención de eliminar la tasa de reposición de los empleados públicos, incluidos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el marco de un proceso de “modernización y transformación de la Función Pública”. Se trataba de una antigua reivindicación sindical para la que el ministro fijó el horizonte de consecución en 2025. La idea era optar no por un sistema basado en el crecimiento vegetativo de las plantillas públicas, sino por otro que diseñe estas en base a los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea. Sin embargo, desde entonces no ha habido más avances al respecto.

OPEs más ágiles y mayor autonomía del gestor sanitario

La última alusión a la eliminación de la tasa de reposición data marzo, cuando el Ministerio de Función Pública sometió a audiencia un documento marco que fijaba las bases para ampliar el grado de participación profesional y ciudadana en la estructuración y la gestión de la Administración. En el texto se recogían los objetivos fundamentales del departamento que el propio Escrivá había anunciado en una comparecencia previa en el Senado.

En su apuesta por la transparencia, el futuro gobernador del Banco de España avanzó su intención de otorgar más autonomía a los gestores sanitarios del ente público, reorganizar los recursos humanos para gestionarlos según sus competencias y simplificar los procesos de Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

En cuanto a esto último, Escrivá abogó por “acortar los tiempos de los exámenes” para que queden resueltos en menos de 12 meses, una circunstancia que sólo afectaría a las oposiciones de la Administración General del Estado (AGE). No obstante, y ante el temor de que ello pudiera derivar en un escenario de oposiciones a dos velocidades, desde el departamento ministerial se avanzó a este periódico que las comunidades autónomas podrían readaptar sus OPE al nuevo modelo.

Tirón de orejas de la Justicia europea

El sustituto de Escrivá tendrá que lidiar con las posibles consecuencias del doble tirón de orejas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a España por su abuso de los contratos temporales en la Administración Pública. Por dos veces se mostró a favor de que la mejor herramienta frente a ello es la conversión directa a empleado fijo de aquellos indefinidos no fijos que, en la sanidad y otras ramas profesionales, llevan encadenando contratos temporales durante años y de forma “abusiva”.

En julio, Escrivá defendió la Ley 20/21, destinado a reducir la temporalidad en el ente público al 8 por ciento, y aseguró que los pronunciamientos del TJUE no cuestionan dicha normativa. “Estas sentencias que tienen que ver con situaciones previas a esta norma se van a ir gestionando caso por caso”, dijo, ante lo cual descartó introducir cambios legislativos en ese sentido. Aún hay una cuestión prejudicial que, al respecto de esta situación, el Tribunal Supremo remitió al TJUE y que aún está pendiente de responderse.

Nuevo Acuerdo Marco con los sindicatos

Otro de los asuntos que el sucesor de Escrivá se encontrará sobra la mesa es la negociación de un nuevo Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. El vigente, firmado en 2022 entre Función Pública -cuando aún dependía de la cartera de Hacienda- y los sindicatos CCOO y UGT, ha permitido que el salario de los profesionales de la sanidad pública aumente un 9,5 por ciento en tres años -aunque aún quede por aplicar la última subida-.

La vigencia del documento expira este año, y los dos sindicatos firmantes ya ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de renovarlo. En febrero, Escrivá se comprometió con CCOO y UGT a negociar un nuevo Acuerdo Marco dando prioridad a la jubilación parcial sanitaria y a la reclasificación profesional de los trabajadores del SNS, que son, por otro lado, dos de las patatas calientes que quedan por cerrar en el Ámbito de Negociación para que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos cierren la reforma del Estatuto Marco. Sin embargo, desde entonces no ha habido ningún movimiento más al respecto por parte de Función Pública.