La ley sexual de Montero otorga un rol capital al escéptico sector médico

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsada por el Ministerio de Igualdad, que permitirá a las menores de 16 años abortar sin permiso paterno, entre otras cuestiones. Una norma que el colectivo médico recibe con escepticismo y que, según ha puntualizado la ministra de Igualdad, Irene Montero, "hace compatible" el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios con el derecho "de todas las mujeres" a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Asimismo, se establece que quien se declare objetor será de aplicación en la sanidad pública y privada. Montero, que ha recordado que "siempre" tendrá que haber sanitarios disponibles para practicar abortos en los centros hospitalarios, ha reconocido expresamente su agradecimiento a las mujeres que trabajan en las clínicas privadas que "han permitido garantizar la interrupción voluntaria del embarazo". "La red pública será la red de referencia", ha añadido.

Sin embargo, la garantía de contar con sanitarios disponibles para esta práctica se contempla más complicada debido a las políticas internas de los Servicios de Salud regionales, quienes en su mayoría apuestan por derivar estas intervenciones a centros privados y concertados para que no afecte a la saturación propia de los centros públicos.

Esta derivación se refuerza a la hora de contabilizar a los objetores de conciencia, que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha suponen la totalidad de los facultativos de los centros públicos. 

A este respecto, la dirigente ha expresado que se tiene que regular el derecho a la objeción de conciencia médica en esta materia, "al igual que se hizo con la Ley de Eutanasia". Asimismo, se eliminan los tres días de reflexión porque "el Estado respeta el derecho de las mujeres y no duda de su decisión".

Dispensación "obligatoria" de la píldora del día después

Por otro lado, las mujeres tendrán derecho a una incapacidad temporal, "si así lo necesitan para poder recuperarse de las intervenciones para la interrupción voluntaria del embarazo". "Las mujeres que lo necesiten podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en los centros de salud", ha continuado la ministra de Igualdad, que ha subrayado que la píldora tendrá que estar disponible "en todas las farmacias" de forma obligatoria.

La reforma, que ha sido aprobada en segunda vuelta y será remitida a las Cortes Generales para su tramitación, recoge un bloque "importante" de acompañamiento durante el embarazo y el parto. Las mujeres embarazadas podrán disponer de un permiso preparto desde la semana 39 de la gestación, "que no resta tiempo a la baja por maternidad".

Para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, se pondrá en marcha un protocolo común de actuaciones "para que las directrices internacionales y estatales del parto respetado lleguen a todos los hospitales y paritorios de nuestro país".

Salud menstrual de las mujeres

Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida, que incluye la baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes. "Se acabó ir al trabajo con dolor", ha enfatizado.

Además, se estipula que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.  

En su intervención, la titular de Igualdad ha destacado que esta nueva norma "garantiza el acceso a la educación sexual" en todas las etapas de la infancia y la adolescencia que tiene como objetivo "transitar a un modelo y cultura sexual basada en el consentimiento" y en las "relaciones basadas en los buenos tratos.

Finalmente, Montero ha indicado que, entre otras violencias que se incluyen en el Convenio de Estambul sobre esta materia, la reforma de la ley incluye la explotación sexual. Sin embargo, ha confirmado que no hay cambios en relación a penalizar a las agencias de gestación subrogada, que finalmente no se ha incluido. Aún así, la ministra recuerda que en la tramitación en el Parlamento el contenido de la ley puede cambiar.