La Ley de Seguridad Social, arma sindical para no ceder bajas a las mutuas

Patronal y sindicatos han instado a las comunidades autónomas a que desarrollen convenios con las mutuas sanitarias para la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos o rehabilitaciones en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, ligados a la especialidad de traumatología. Esta medida forma parte del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que los agentes sociales suscribieron esta semana para facilitar, entre otras cosas, una subida salarial generalizada en el conjunto del país.

El texto acordado por los agentes sociales reconoce que es necesario un mejor “aprovechamiento” de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social con el objetivo de contribuir a mejorar los tiempos de espera en la sanidad pública, así como “la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud”.

Fuentes de Comisiones Obreras han reconocido a Redacción Médica que esta propuesta es uno de los temas que se han debatido en la construcción del texto, aunque consideran que no representará grandes cambios con respecto al actual marco normativo, ya que esta posibilidad ya viene recogida en la actual Ley General de Seguridad Social en su artículo 82.4. “No es nada nuevo, ni es una prerrogativa nueva que se da a las mutuas”, han defendido desde la organización.

El sindicato ha enfatizado que los párrafos en los que se abordan los servicios de las mutuas representan una “transcripción literal” de la normativa. “Lo contempla la ley, desgraciadamente, como se contempla que haya centros de gestión privada o que se concierte sin ningún control con los servicios de la sanidad privada”, han apostillado desde la vertiente sanitaria del sindicato.

A pesar de este reconocimiento, desde Comisiones Obreras han celebrado que se haya logrado mantener tanto el control como el seguimiento de las bajas por incapacidad temporal bajo el paraguas del ámbito público, gracias a una frase final del acuerdo en la que se expone que estos servicios deberán realizarse bajo un “consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud”. Una mención que también contempla la propia la propia Ley General de Seguridad Social.

Desde el sindicato han incidido en este sentido que el acuerdo con la patronal no supone una “amenaza” ni una “pérdida de competencias” para los servicios públicos. “La postura nuestra es inequívoca de defensa de la sanidad pública”, han concluido.

Los sindicatos no ceden la gestión de las bajas

En una posición similar se ha situado la Unión General de Trabajadores (UGT) que también ha insistido en que el acuerdo no representa una cesión de las bajas, las altas ni los partes en favor de las mutuas, pese a las pretensiones de la propia patronal. Mientras que consideran que se limita al contenido que ya viene fijado por la propia Ley General de la Seguridad Social. “No podemos modificar la ley, ni tampoco es nuestra intención”, han explicado fuentes de la organización a Redacción Médica.

Desde UGT han sostenido que el redactado del acuerdo suscrito con la patronal mantiene la capacidad los servicios sanitarios públicos de decidir, así como la autonomía del paciente. “Cuando el médico de cabecera de la Seguridad Social lo autorice y la persona trabajadora esté de acuerdo puede la mutua acompañar, facilitar procesos rehabilitadores y operar, que es lo que hemos aconsejado que se haga en determinados territorios”, han apostillado.

El sindicato ha justificado esta medida ante las elevadas listas de espera de la administración pública, lo que considera un propio “tirón de orejas” para los servicios de salud. “Al mismo tiempo, hemos visto que las mutuas patronales tienen medios para poder acortar las operaciones, solamente de bajas de accidentes no laborales”, han enfatizado.