La "inaceptable" nueva visión de la eutanasia incluye su impacto económico

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia lleva más de un año vigente. El camino hasta su aprobación fue largo y estuvo plagado de numerosos debates, aunque finalmente recibió 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.

En ese momento España se convertía en el sexto país en poner en marcha esta medida, después de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Y han sido precisamente investigadores de este país los que han puesto sobre la mesa un posible argumento a favor de la asistencia de muerte, un supuesto ahorro para el sistema sanitario.

La investigación titulada 'Las muertes médicamente asistidas podrían ahorrar millones en gastos sanitarios' sostenía que era necesario valorar también las ventajas económicas que podría traer legislar a este respecto, exponiendo que habían calculado que se podrían ahorrar 136,8 millones de dólares.

Según explicaba este informe, para el que se han usado datos de Bélgica y Países Bajos junto con otros relativos a Ontario (Canadá), este dinero que se economizaría superaría con creces el coste de este sistema de muerte asistida, que se cifra en torno a 1,5 a 14,8 millones de dólares.

"El coste de la eutanasia tiene que formar parte del debate"

"En un sistema sanitario con recursos limitados, cada vez que se pone en marcha una intervención de envergadura hay que planificarla y prepararla, y el coste tiene que formar parte de ese debate", ha expuesto Aaron Trachtenberg, uno de los autores del trabajo, en declaraciones a la CBC. "Es solo la realidad de trabajar en un sistema de recursos finitos", ha sostenido.

Asimismo, Trachtenberg ha incidido en que el número de canadienses que mueren en hospitales es superior a otros países y los costes de atención médica aumentan sustancialmente entre los pacientes que se acercan al final de su vida: "La atención hospitalaria le cuesta al sistema de atención médica más que un sistema integral de cuidados paliativos en el que podamos ayudar a las personas a lograr su objetivo de morir en casa".

Los autores del estudio, que han insistido en que se trata de un trabajo meramente teórico, tomaron como ejemplo la provincia canadiense de Manitoba, donde el 20 por ciento de los costes sanitarios son atribuibles a los pacientes en los seis meses anteriores a su muerte, a pesar de que sólo representan el 1 por ciento de la población. 

El informe estimaba que entre el uno y el cuatro por ciento de los canadienses morirán mediante la muerte asistida por un médico. De ellos, el 50 por ciento tendrá entre 60 y 80 años y la división entre géneros será igualitaria. Del mismo modo, planteaba que aproximadamente el 80 por ciento de los pacientes tendrán cáncer y el 60 por ciento verá acortada su vida en un mes, mientras que el 40 por ciento tendrá su vida acortada en una semana.

"Valorar aspectos como el ahorro en el tema de la eutanasia está fuera del marco legal"

Sin embargo, los sanitarios españoles se muestran totalmente contrarios a este argumento. "Radical y absolutamente no", responde el médico José María Domínguez Roldán, perteneciente a la Organización Médica Colegial, al ser preguntado por Redacción Médica sobre si se tiene en cuenta este enfoque al abordar el tema de la eutanasia.

"En primer lugar, no entraría dentro del marco legal, ni en España ni en la mayor parte de los países", explica, reiterando que lo único que puede iniciar el proceso de muerte asistida médicamente es la iniciativa del paciente. El hecho de que parta de él y no de los médicos o del sistema sanitario excluye este factor de la ecuación.

"En los debates parlamentarios que hubo, así como en los que se llevaron a cabo en los colegios médicos exponiendo posiciones a favor o en contra de la eutanasia, el tema del ahorro sanitario en ningún momento ha aflorado y es éticamente inaceptable", defiende Domínguez, que incide en que, a nivel deontológico, el planteamiento es "absolutamente reprochable".

Una buena atención paliativa supondría más ahorro que la eutanasia

Isidro García, enfermero de cuidados paliativos con 30 años de experiencia, argumenta en la misma dirección: "Nuestra obligación debe ser dar los mejores cuidados y atenciones según las necesidades y preferencias de la persona".

"Cuando hay una petición de una de eutanasia, hay que analizar el porqué de esa petición y atenderla. Evidentemente hay un sufrimiento detrás de la misma que tiene que ser explorado, indiferentemente de si luego tiene lugar la muerte asistida o no", explica García, que insiste en que el objetivo de la Sanidad no debería ser "ahorrar dinero" sino "atender a la gente como se merece".

"Desde luego el gasto sanitario es mayor en el proceso de final de la vida. Si acorto el proceso ahorro dinero, esto es de lógica", concluye, pero sostiene: "Se gasta más en no tener una atención paliativa como toca".

Valorar la eutanasia en términos de ahorro podría poner a muchos profesionales en contra

Por su parte, la oncóloga y vocal de SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos), Elia Martínez, defiende que, aunque los datos que arroja el estudio son "completamente creíbles", los sanitarios no deberían valorar el coste económico.

"Nosotros estamos al otro lado, somos clínicos. Estamos en la parte que gasta, que consume camas y que tiene pacientes ingresados hasta el final de la vida", insiste la sanitaria, incidiendo en que "entienden y desean" que la cuestión monetaria no haya estado en ningún momento sobre la mesa a la hora de debatir la ley de eutanasia.

Asimismo, afirma que esta consideración podría agravar las dudas que algunos compañeros de profesión tienen sobre este procedimiento. "La muerte asistida ya tiene mucha controversia porque tiene muchos matices que van en contra de nuestro Código Deontológico. Así que, si se le añadiese que hay una motivación de ahorro, podría promover que muchos profesionales se pusieran en contra", argumenta la especialista en Oncología.

Finalmente, Domínguez Roldán vuelve a recordar que el simple planteamiento es "reprochable y condenable". "El plantear siquiera una atención al final de la vida, y no me refiero solo a la eutanasia sino también a la ayuda médicamente asistida, con connotaciones de ahorro económico es deontológicamente condenable", sentencia.