Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.
El Gobierno central asume que la falta de médicos en las cárceles españolas es un “problema estructural y recurrente” cuya solución, defiende, “pasa por la ansiada asunción” de las
competencias sanitarias en materia penitenciaria por parte de las comunidades autónomas que aún no las tienen. Es decir, todas a excepción de
Cataluña, País Vasco y Navarra. El Ejecutivo aboga por el traspaso de esta cartera para paliar el ‘agujero’ de profesionales de salud de este tipo de centros, que se cifra en alrededor de 300.
Así lo advirtió el PP en una pregunta parlamentaria en la que trasladó al Ejecutivo la inquietud del Defensor del Pueblo, Ágel Gabilondo, ante el posible “
colapso” de la sanidad en las cárceles. “Faltan 300 médicos”, aseveró el pasado agosto.
En su respuesta registrada en el Congreso de los Diputados el Gobierno asume esta carencia de profesionales, aunque no la achaca a la falta de estímulo por parte de la administración sino a la “innecesaria demanda que posibilite la cobertura de las plazas” que se sacan a concurso. “La solución definitiva a este problema estructural y recurrente pasa pro la ansiada
asunción de las competencias sanitarias en materia penitenciaria por parte de las comunidades autónomas”, concluye.
El gabinete de Pedro Sánchez abre la puerta de esta forma a una vieja reivindicación de los sindicatos de Medicina y Enfermería, que advierten de que el proceso continúa encallado en la mayoría de las comunidades autónomas. Las últimas en adquirir esta competencia fueron País Vasco y Navarra, que la obtuvieron en 2021. A ellas solo se suma Cataluña.
Otras autonomías, como Aragón Canarias o Baleares, han dado también pasos firmes pero sin éxito para la atribución de esta cartera.
El principal obstáculo es el económico, pero sindicatos acusan también una falta de compromiso político.
Plazas sin cubrir en las OPE de sanidad penitenciaria
En su respuesta parlamentaria, el gabinete de Pedro Sánchez defiende no obstante su
gestión de la sanidad en las cárceles. Indica al respecto que, desde junio de 2018, “son
más de 5.500 las plazas aprobadas para cubrir las necesidades de las plantillas”.
En este sentido, se señala que la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias presentó en el mes de junio una propuesta de autorización de un proceso selectivo para la selección y nombramiento de
personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo para la cobertura de un total de 40 plazas conforme con una duración máxima de tres años ampliable hasta doce meses más”.
“No obstante, es preciso significar que de las 35 plazas convocadas en el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria con cargo a la OEP 2018
solo fueron cubiertas ocho, y en el desarrollado de acuerdo con la OEP 2019, de las nuevas 35 plazas convocadas, solo siete resultaron cubiertas”, advierte.
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