La falta de interconexión del SNS lastra la "efectividad" en gasto público

La gestión de los datos sanitarios en España siempre ha sido uno de los principales retos de los directivos de la sanidad autonómica y nacional. Esta vez es el centro de análisis Funcas el que señala que en nuestro país existe “falta de información” en el Sistema Nacional de Salud relacionada, por ejemplo, con los profesionales sanitarios, los equipamientos o la calidad asistencial.

Según el informe ‘Retos pendientes del sector público español’, el verdadero problema reside en la explotación de los datos y en la capacidad de integrarlos de manera coherente, lo que ocasiona numerosas “oportunidades perdidas para mejorar la efectividad” de las evaluaciones de políticas públicas (EvPP). Y es que cuando se habla de las EvPP resulta imposible obviar el papel clave de las comunidades autónomas, ya que la descentralización de competencias les ha otorgado un protagonismo fundamental en el diseño y la gestión de muchas políticas que afectan directamente a la ciudadanía, como la sanidad, la educación o y los servicios de protección y promoción social.

Y no solo lo dicta el documento publicado por Funcas. Se trata de una “evidencia” que han mostrado diferentes organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que, a lo largo de los años, tal y como establece el informe, han mostrado que la falta de interoperabilidad entre sistemas, junto con las barreras burocráticas para acceder a la información de las historias clínicas, por ejemplo, son “barreras críticas”.

Un ejemplo específico de estos problemas es la evaluación del gasto sanitario, donde el centro de análisis señala que la falta de datos integrados sobre la calidad asistencial, el uso de recursos y los resultados en salud impidió un análisis más profundo de la eficiencia y efectividad de las intervenciones. Funcas también hace referencia, como posible causa de esta situación, a la ausencia de protocolos estandarizados y al establecimiento de un lenguaje homogéneo para el registro de datos, que "contribuye a la falta de consistencia y a las asimetrías en la información disponible".

Estas dificultades se acentúan en contextos descentralizados como, por ejemplo, el de la información sanitaria, donde los sistemas de gestión de datos siguen siendo “heterogéneos, poco interoperables y no comparten un lenguaje común”. Esto añade una capa adicional de complejidad al proceso de evaluación y dificulta la comparación y el análisis transversal de la información.

Aumento del gasto per cápita en la sanidad pública

Otro asunto en el que hace hincapié el informe es que el gasto per cápita en sanidad pública en España ha mostrado una tendencia creciente a lo largo de las últimas décadas y por encima del crecimiento del PIB per cápita, alineándose con el aumento de la demanda por servicios sanitarios. Este crecimiento, tal y como refleja el documento, es consistente con la tendencia observada en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde también se ha priorizado el gasto en salud debido al envejecimiento de la población y la creciente complejidad de los tratamientos médicos.

Concretamente, el gasto sanitario en Atención Primaria ha permanecido muy estable, en torno al 14 por ciento del gasto total sanitario, entre los años 2003 y 2022. Según Funcas, ese “importante” crecimiento de la inversión ha permitido reducir el número medio de pacientes y de consultas por médico.

Sin embargo, la mejora en estos indicadores no ha conseguido aumentar la satisfacción con el Servicio Nacional de Salud, que se ha mantenido, con pequeñas oscilaciones, alrededor de 6,3 puntos sobre 10 en las dos últimas décadas, como confirma el último 'Informe barómetro sanitario' disponible, correspondiente a 2023. "Una posible explicación de esta divergencia entre el aumento del gasto y la percepción ciudadana puede ser un problema de gestión y organización de los recursos", dicta el informe.

Además, el texto habla de dos factores que presionarán al alza el gasto en salud: el demográfico, debido al aumento previsible de la edad media y de la esperanza de vida de la población, y el aumento de la renta per cápita y el progreso técnico. En este último caso, debido a que el gasto en sanidad es un bien superior, se anota que su demanda aumentará más que proporcionalmente por aumentos en la renta, "aunque también podrán tener una influencia significativa los cambios en los precios relativos, las mejoras en la calidad o los avances tecnológicos que dan lugar a nuevos tratamientos".

El envejecimiento como factor clave en la inversión sanitaria

Un factor que hay que tener en cuenta de cara al futuro de la inversión en el sector público es el envejecimiento en la población. Se trata de una de las principales presiones sobre el gasto público en los países desarrollados. A medida que la proporción de personas mayores aumenta, también lo hacen las demandas sobre los sistemas de pensiones y salud.

En España, por ejemplo, el gasto en pensiones representa una parte sustancial del presupuesto público, y se espera que esta tendencia continúe debido al envejecimiento de la población. Además, el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad agravan esta situación, creando una presión adicional sobre los recursos públicos destinados a la salud y el bienestar de los mayores.

"Impulso" de los medicamentos biosimilares

En cuanto a la evaluación sanitaria, los medicamentos biosimilares también han sido uno de los focos principales del informe. El fomento de estas alternativas terapéuticas a los medicamentos biológicos de referencia, según Funcas, forma parte de las propuestas de políticas farmacéutica formuladas por los principales organismos internacionales y nacionales, por expertos sanitarios y por la propia AIReF en sus evaluaciones de gasto sanitario.

Aun así, aunque existe un consenso amplio sobre la importancia de fomentar el uso de los biosimilares, su adopción sigue mostrando diferencias significativas entre los servicios de salud, los centros sanitarios, e incluso entre servicios clínicos y profesionales concretos. “Estas disparidades reflejan no solo las diversas estrategias y enfoques aplicados para su implementación, sino también la compleja realidad del sistema sanitario español, caracterizado por un alto grado de descentralización de las decisiones y autonomía en la gestión en los diferentes niveles de atención”, tal y como indica el documento de Funcas.

De hecho, puntualiza como “curioso” que las comunidades autónomas tengan la capacidad de regular los precios públicos en una actividad gestionada con autonomía por las universidades, mientras no pueden hacer lo mismo en sectores bajo su gestión directa, como la sanidad. “Este contraste pone de manifiesto las inconsistencias en la distribución de competencias y la autonomía reguladora de las comunidades autónomas, destacando la necesidad de una revisión que permita una mayor coherencia y flexibilidad en la gestión de sus propios servicios públicos”, concluye.