La enfermedad profesional, el único gasto público que cae esta legislatura

Las cuentas de la Seguridad Social han revelado una situación paradigmática. En una legislatura marcada por situaciones como la pandemia de Covid-19, las prestaciones económicas para cubrir los desembolsos asociados a las enfermedades profesionales o a los accidentes laborales han representado el único gran gasto público que ha retrocedido en comparación con las cifras de 2019. 

Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha cifrado en 1.298 millones de euros el desembolso para hacer frente a estas contribuciones, lo que representa un 5,4 por ciento menos que hace cuatro años, cuando la liquidación final fue de 1.372 milloneso. El resultado es que su peso en las cuentas de la Seguridad Social se ha situado en un 0,7 por ciento del total. 

Esta realidad contrasta con los números del resto de inversiones sociales que sí que han crecido. El gasto en la asistencia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que cubre tanto a Ceuta como Melilla, se ha elevado un 15,8 por ciento hasta los 323 millones, mientras que la partida de Dependencia ha crecido un 94,9 por ciento hasta los 3.391 millones en los últimos cuatro años. También destacan las apuestas por mejorar la financiación de las pensiones, el ingreso mínimo vital o las prestaciones por incapacidad temporal.

Con todos estos números sobre la mesa, los economistas han advertido de que el déficit básico de la Seguridad Social se ha disparado en 12.700 millones de euros en lo que va de legislatura, lo que equivale a un punto del Producto Interior Bruto (PIB). Un fenómeno que atribuyen a un “plus de generosidad” que está por encima de lo que sería “sostenible con una lógica de puro seguro social de reparto”.

Las cuentas de las mutuas sanitarias 

El estudio también ha dedicado un capítulo a analizar las particularidades del modelo de las mutualidades sanitarias (Muface, Mujeju e Isfas) que colaboran con la Seguridad Social. El cruce de datos sobre los ingresos y los gastos previstos en este área anticipa que las aseguradoras cerrarán el último año de la legislatura con un déficit en su saldo de 100 millones de euros 

En el capítulo de gastos, el Presupuesto General del Estado (PGE) ya contemplaba que la asistencia sanitaria a través de las mutuas representaría cerca de 2.500 millones de euros, a lo que hay que sumar algo más de 400 millones en concepto de prestaciones económicas. En total, el cómputo es de 2.900 millones.

En el otro lado de la balanza, los expertos han estimado que las cotizaciones pagadas por el Estado para este año están presupuestadas en cerca de 2.300 millones de euros, mientras que las cuotas que pagan los mutualistas alcanzarán otros 500 millones. El resultado de ambos conceptos es de 2.800 millones, lo que permite calcular ese déficit al acabar el año.

“Con estos fondos, se financia la asistencia sanitaria a estos colectivos y sus dependientes, así como una serie de prestaciones económicas que incluyen la incapacidad temporal y otras prestaciones sociales que se recogen en los PGE, en las secciones correspondientes a los ministerios de Hacienda y Función Pública, Justicia y Defensa”, reza el texto. 

Los cálculos desarrollados por el economista Ángel de la Fuente van en la línea de las advertencias que ya han manifestado en los últimos meses las aseguradoras que suscribieron el último convenio con el Gobierno para prestar la asistencia sanitaria. Las compañías ya han avisado de que la inflación ha provocado que arrastren pérdidas por dar cobertura a los mutualistas y algunas, como DKV, se plantean no renovar en 2024 si no se mejora la prima.