Unanimidad política en la presión a Grünenthal por la talidomida

Todos los grupos parlamentarios han consensuado, en el marco de la Comisión de Sanidad, una enmienda transaccional a las Proposiciones No de Ley sobre la talidomida presentadas por Ciudadanos y Democracia i Llibertat que ha sido aprobada por unanimidad. 

Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE; Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite y Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos.

En el texto se recoge la necesidad de “reabrir con urgencia el registro contenido en el Real Decreto 1006/2010 para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones” por culpa de la talidomida.

En la enmienda también se ha acordado la constitución de “una unidad de diagnóstico de daños por talidomida en colaboración con las comunidades autónomas” en el marco del Consejo Interterritorial.

Una de las demandas tradicionales de la Asociación de Víctimas de la Talidomida era recibir unas indemnizaciones justas. El texto recoge esta reivindicación y señala que se procederá a “indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad así como a pagar prestaciones justas que procedan, y todo ello en el plazo máximo de 2018”.

El texto tampoco se olvida de la responsabilidad de Grünenthal en las malformaciones causadas por sus medicamentos con talidomida e insta a “abrir un período de negociación con la compañía Grünenthal a fin de que esta asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado”. 

Sobre la propuesta presentada por el grupo catalán de Democracia y Llibertat, su portavoz, Lourdes Ciuró, ha defendido que la propuesta de reabrir el registro viene derivada por el hecho de que el poco tiempo que estuvo abierto el original de 2010 “hizo que muy pocas personas se acogieran”. Por ello, ha defendido que “es la hora de decir basta y cerrar con un Real Decreto la brecha que se abrió” tanto por la negligencia del Estado como por la pasividad de Grünenthal.

Francisco Igea, representante de Ciudadanos, grupo que había presentado la otra PNL, se ha referido al principio de su intervención a las víctimas de la talidomida: “Si fuéramos capaces de seguir su ejemplo podríamos dar a nuestro país un Gobierno”. Igea ha criticado que Grünenthal “señalaba que era indicado especialmente para gestación y que se habían hecho las pruebas de toxicidad pertinentes”, que después se demostraron que habían sido erróneas.

En su alocución ha reclamado “la apertura del registro de forma indefinida” y ha cargado contra la “responsabilidad de Grünenthal a quien pedimos su colaboración para la reparación del daño”. Por último, se ha dirigido al resto de diputados: “Espero que en las pocas semanas que nos quedan podamos hacer algo decente”.

Por su parte, María José García-Pelayo, diputada del PP y vicepresidenta segunda de la Comisión, ha reafirmado la posición de sumarse a la enmienda transaccional y ha destacado la capacidad de todos los grupos de llegar a acuerdos y ha felicitado a las víctimas por “conseguir el reconocimiento de su enfermedad y una compensación no solo económico sino moral por todos esos sufrimientos que han padecido a lo largo de su vida”.

Ha señalado, además, que “es verdad que no se ha cumplido con las víctimas a lo largo de estos años, pero no es verdad que las víctimas no hayan sido atendidas; sí que lo han sido por los sucesivos gobiernos”. 

Alegría de Avite

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) se hallaba reunida en otra sala del Congreso para seguir la sesión. Al conocerse el resultado, Rafael Basterrechea, su vicepresidente, ha afirmado: “Estamos muy contentos, pero expectantes porque no hay Gobierno que lo pueda aplicar, aunque entendemos que el compromiso se mantendrá para la siguiente legislatura”.
 
Basterrecha ha afirmado que, cuando prospere la iniciativa, “será motivo de una celebración por todo lo alto”, ya que “el que por fin se catalogue a las víctimas de la talidomida como en cualquier lugar del mundo es todo un avance”. 

La Asociación de Víctimas de Talidomida en España siguen la Comisión en una sala del Congreso de los Diputados.

Ausencia del Gobierno 

Por otra pare, la Comisión celebrada este martes ha comenzado con la negativa del Gobierno en funciones a responder a dos preguntas formuladas por el grupo socialista. En concreto, las cuestiones versaban acerca de las medidas de control sobre el virus del zika y el número de pacientes tratados en el Plan de hepatitis C.

Ante la incomparecencia se ha abierto un turno de palabra para los portavoces de los grupos que, a excepción del PP, han criticado la no asistencia de ningún miembro del ministerio. Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en la Comisión, ha afirmado que “el virus no sabe que estamos en funciones” y se ha referido a la ausencia como “una falta de respeto a los ciudadanos”.

En la misma línea se ha manifestado Marta Sibina, portavoz del grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, que lo ha calificado de intolerable y de “burla”. Sibina ha afirmado que “la ciudadanía merece respuestas ante situaciones graves” y ha aludido a una consigna muy empleada en las movilizaciones en la calle: “Lo llaman democracia y no lo es”.

Por su parte, Jesús María Fernández, portavoz del PSOE, ha afirmado que “igual que no está en funciones para enviar recortes a Bruselas tampoco lo está para tratar asuntos de salud pública”.

Por último, José María Eiros, portavoz del PP, ha defendido al Gobierno en funciones y ha señalado que “no puede ni debe someterse al control por una cuestión legal” y ha alabado los mecanismos de control del zika de los centros de control en España. En el caso de la hepatitis C, se ha referido al comentario de Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones, a la salida del último Consejo Interterritorial que apuntó a 46.000 personas tratadas. “Ninguno de vosotros lo habría conseguido”, ha espetado para terminar su intervención.


Acceda a la Enmienda trasaccional de las PNL de Ciudadanos y Democracia i Llibertat sobre talidomida