La Airef desmonta que la quita de deuda permita inversiones extra en salud

El Ministerio de Hacienda aprobó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una condonación de la deuda de las comunidades autónomas que conforman el mapa español de 83.252 millones de euros, aunque fue rechzada por las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Un movimiento que, según indicó la titular del departamento, María Jesús Montero, "refuerza servicios públicos como la sanidad o la educación", ya que permitiría "una mayor inversión" en ambos campos.

Sin embargo, este último apunte ha sido 'desmentido' por la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herreros, que ha apuntado en su informe sobre el encuentro que "este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas", afirmación que ha podido reconfirmar Redacción Médica. 

Y es que, según ha explicado, la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las comunidades autónomas y un incremento en la Administración Central. Pero lo que hay que tener en cuenta es que estos intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto, por lo que no se podría traducir en un fortalecimiento de los Servicios de Salud.

Crisis financiera de 2008

El origen de la deuda autonómica que se pretende paliar se retoma a 2008, año en el que tuvo lugar la crisis financiera y soberana que tambaleó la economía española. El documento de la AIReF explica que, en tan solo un año, cayó más de cuatro puntos el Producto Interior Bruto (PIB), lo que obligó a un endeudamiento creciente, que afectó tanto al Estado como a las regiones.

Esta situación dio lugar a la creación de mecanismos extraordinarios de financiación, a la vez que tuvieron que adoptarse medidas de consolidación fiscal para mandar a los mercados una señal inequívoca del compromiso con la estabilidad. Unos mecanismos que tenían una inicial 'fecha de caducidad', pero que, a día de hoy, casi 20 años más tarde, todavía están en marcha.

En este sentido, Herrero destaca que "puede ser conveniente afrontar la vuelta de las comunidades al mercado y a la cláusula no bail ut". Una condición que implica que ni la Unión Europea ni los Estados miembros asuman ni respondan a los compromisos de los Gobierno centrales, autoridades regionales o locales de otro Estado miembro. Por ello, "la condonación podría ser un primer paso en esa dirección, pero no resulta suficiente para acabar con la permanente interinidad de estos mecanismos que nacieron como extraordinarios y se convirtieron en permanentes".

Condicionalidad fiscal como complemento

La autoridad independiente también especifica que dicho movimiento del Gobierno debería ir acompañado de una condicionalidad fiscal. "No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de los que permiten las reglas fiscales", añaden.

Aun así, las autonomías gobernadas por el Partido Popular y han dicho 'no' a la iniciativa de Hacienda. "Salimos muy decepcionados", fueron las primeras palabras de Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, tras acabar el Consejo. El argumento dado por el titular de la rama fue la ausencia de voluntad de Montero de "intentar dar participación" a las comunidades autónomas y de hacer una negociación multilateral", en "condiciones de igualdad".

"Nosotros pensamos que lo que es de todos tiene que decidirse entre todos y el Gobierno ha decidido que lo que es de todos lo decide Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), los partidos separatistas, que es lo que ha ocurrido en este caso", señaló Carriedo a la prensa. Este rechazo estuvo acompañado del desacuerdo por la propuesta de la condonación de la deuda, que para los populares supone que ahora "todos los españoles" asuman el pago. "Con Castilla y León no se va a contar en todo esto", añadió.

A este pronunciamiento se sumó una carta firmada por los consejeros de Hacienda de 14 comunidades autónomas planteando su oposición a la condonación y expresando la necesidad de "no retrasar más" la reforma del sistema de financiación autonómica y local. Además, han solicitadon actualizar las entregas de cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y que se mantengan el mecanismo 'EXTRA-FLA' del programa del Fondo de Liquidez Autonómica y la absorción de la deuda generada por los gastos extraordinarios asumidos por la Comunidad Valenciana debido a la DANA.