Los médicos cobrarán 11.000 euros por cada año que retrasen su jubilación

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha comparecido este lunes en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo para especificar los planes del Gobierno en la reforma de las pensiones. Sobre la mesa está la modificación  de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, un cheque único para incentivar la jubilación demorada (de hasta casi 11.000 euros por año de retraso para las carreras inferiores a los 44 años y medio, y mayor para carreras que superen esa extensión), la eliminación del retiro forzoso de los convenios o la reforma de la jubilación parcial. 

"El sistema es regresivo", ha lamentado Escrivá al comienzo de su intervención, asegurando que "el porcentaje de jubilaciones anticipadas que más aumenta es el de las pensiones altas". Por ello, ha planteado un plazo de seis años para endurecer la jubilación anticipada en las pensiones altas tras detallar que el 33 por ciento de las jubilaciones anticipadas se materializa en pensiones por encima de los 2.000 euros, como la que tienen la mayoría de los médicos. 

El Ministerio de Inclusión plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como son ahora. Además, Escrivá ha indicado también que el sistema planteado mejoraría la equidad, ya que los coeficientes se aplicarían sobre la cuantía de la pensión, lo que hará que tengan los mismos efectos para todos, algo que actualmente no sucede, en el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima.

Según ha informado Inclusión, la equiparación de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria para las pensiones teóricamente por encima de las máximas se hará de forma progresiva y en un periodo de seis años para no perjudicar las decisiones de quienes están en los últimos años de su vida laboral.

Concretamente, Escrivá ha explicado que se está trabajando en una propuesta para que los coeficientes reductores a la jubilación anticipada voluntaria aumenten del 16 al 21 por ciento para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca.

Incentivar la jubilación demorada

Respecto a los incentivos a la jubilación demorada, Escrivá ha detallado que aunque existen ciertos incentivos que van desde el 2,5 al 4 por ciento "que no son conocidos", tal y como ha constatado el ministerio a través de una encuesta. "Los incentivos no han sido publicitados y no han calado en la población", ha lamentado.

Para impulsar esta jubilación demorada, Escrivá ha defendido que se debe llevar a cabo "sin las restricciones actuales" para que sea una posibilidad "abierta para todos". Para ampliar el "abanico de incentivos", el ministro ha puesto sobre la mesa un pago único a modo de cheque al materializarse la jubilación demorada "que puede llegar hasta los 11.000 euros por año de demora en las pensiones máximas". "Estamos pensando que tiene sentido incentivar a las carreras más largas (por encima de 44 años) con un 10 por ciento adicional". 

Si no se opta por el pago único, Escrivá ha planteado generalizar un porcentaje adicional de la pensión del 4 por cada año de demora. "También vamos a permitir combinar ambos elementos", ha expuesto. "Sabemos que el estar activo es algo que la mayoría de las personas desean y es bueno para su salud", ha afirmado el ministro.

Cambios en las jubilaciones parciales y forzosas

El tercer elemento del paquete defendido por Escrivá radica en la jubilación parcial, para la que propone limitar la concentración de jornada y permitir que alcance hasta el 60 por ciento el primer año. "En estos momentos estamos valorando también la jubilación parcial en determinadas profesiones donde, por su propia naturaleza, no parece que tenga mucho sentido", ha añadido el ministro de Inclusión, que estudia la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio.

Finalmente, ha afirmado que "no pueden existir cláusulas de jubilación forzosa", algo que recomienta la OCDE y "España es una excepción absoluta", ha asegurado. Esta cláusula va a afectar a un millón de trabajadores en 2021. "Hay que superar la filosofía de limitar los deseos de seguir en activo", ha remarcado, afirmando que el ministerio está dispuesto a "establecer periodos transitorios".