Italia, primer país europeo que exigirá el pasaporte Covid para trabajar

El Gobierno de Italia prepara un decreto que obliga a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, a presentar el pasaporte Covid-19, conviertiéndose así en el primer país europeo que lo exige para trabajar. La medida entrará en vigor a mediados de octubre, infoma El Correo.

“El Gobierno está listo para introducir el pasaporte sanitario. Nos dirigimos hacia una medida obligatoria para el sector público y privado”, declaró la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, a la emisora pública RaiRadio1. De esta forma, a partir del 15 de octubre, el llamado “pasaporte verde” será obligatorio en todos los lugares de trabajo, por lo que quedan excluidos los jubilados, amas de casa y desempleados, precisaron los medios italianos.

El objetivo de la medida es incrementar la tasa de vacunados antes del inicio del invierno y evitar que se propague el contagio. Actualmente casi el 75 por ciento de la población mayor de doce años está vacunada, es decir, 40,46 millones de personas. “La vacuna es nuestra única arma contra el Covid-19”, subrayó Mariastella Gelmini.

Multas de hasta 1.000 euros

Italia fue el primer país de Europa afectado por la pandemia que ha causado la muerte de 130.000 personas, además de generar en 2020 la recesión económica más grave desde la posguerra. La decisión de generalizar el pasaporte sanitario es el resultado de largas discusiones entre el Gobierno, los partidos políticos que integran la coalición nacional en el poder y los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios.

Según los medios de comunicación, la ausencia de un pasaporte sanitario será "severamente castigada pero sin llegar al despido". Una multa de entre 400 euros a 1.000 euros podría ser impuesta para aquellos que no cumplan con esa obligación, según el diario Il Corriere della Sera.

Al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de pasaporte sanitario, a la persona la pueden “suspender” del trabajo y el salario. Se debate también sobre las pruebas a las que se deberán someter las personas no vacunadas para obtener el pasaporte sanitario y los sindicatos exigen que el Estado las pague mientras el Gobierno teme que con esa posibilidad se desincentive la idea de vacunarse.