Freno a la huelga médica en prisiones: "No hay ni para servicios mínimos"

Falta de efectivos, sueldos por debajo del resto de compañeros, peligrosidad, escasez de recursos materiales… Los profesionales de la Sanidad Penitenciaria llevan años aquejándose de los males, ya endémicos, que sufren en el ejercicio de sus labores. Por ello, cada vez que se aprueba una iniciativa legislativa, una proposición no de ley o una moción respecto a sus condiciones en el Congreso o en el Senado se cabrean.  Por mucho que el texto propuesto -y aprobado- sea positivo para sus condiciones, el colectivo lo toma como algo “indignante". Y es que, como explica Carmen Hoyos Peña, vocal de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, “ya no nos creemos nada”.

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Los profesionales de la Sanidad Penitenciaria están “tan hasta el límite” que han tenido que dejar de lado la huelga que habían aprobado convocar por falta de efectivos. “Pospusimos la huelga por la situación del Covid-19 pero, durante el 2020, se han jubilado muchos compañeros y ahora mismo no tenemos plantillas suficientes ni para cubrir los servicios mínimos que precisarían convocar la huelga”, explica Hoyos.

Así, Hoyos explica que muchos de sus compañeros, además de jubilarse, están empezando a prepararse oposiciones para otros servicios sanitarios, por ejemplo los dependientes de las Comunidades Autónomas, aunque pierdan sus características de funcionarios del Estado.

“Cuando planteamos la huelga, creíamos que iba a ser el único arma que iba a entender el Gobierno pero, a día de hoy, el número de efectivos que tenemos en plantillas no podrían cumplir los servicios mínimos que la ley establece a la hora de proponer una huelga”, señala

El Congreso aprueba una PNL en la Comisión de Interior para equiparar salarios entre médicos

Las declaraciones de Hoyos llegan apenas 24 horas después de que el Congreso aprobara una proposición no de ley registrada por Unidas Podemos para equiparar salarialmente a los profesionales de prisiones con los del resto del Sistema Nacional de Salud. “Es una cosa que hemos pedido siempre, mientras que esperamos a la transferencia pedimos que fuera un paso urgente”, recuerda Hoyos a raíz de la transferencia probada hace más de 20 años y que solo se ha efectuado en 2 comunidades autónomas de forma completa: País Vasco y Cataluña.

“El  sentir de todos los foros y de todos los profesionales de la sanidad penitenciaria es de indignación.  Se está perdiendo un tiempo precioso y necesitamos unos presupuestos que incluyan todo lo que se aprueba en proposiciones no de ley en el Congreso o Senado”, critica. 

Además, desde el colectivo se critican las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para ‘mejorar’ su situación, ya que, a su juicio, están minusvalorando las necesidades de los internos. “La solución del Gobierno fue sacar 30 plazas para interinos para los que no se les ha pedido la titulación de Medicina de Familia. Es algo indignante y una discriminación de la calidad asistencial”. 

Hay que recordar que la sanidad penitenciaria debería estar transferida a los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas 18 meses después de la publicación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003. Organismos como el Senado ya han aprobado (concertante en pleno del día 26 de octubre de 2016) que esta normativa parada desde 2004 sea efectiva. Una petición que también se ha duplicado en otros órganos como la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2018.