La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
El
Ministerio de Hacienda trabaja en la reforma del
modelo de financiación autonómica y en cómo, entre otros aspectos, repercute este proyecto en las partidas destinadas a la
sanidad, trámite que no cerrará hasta escuchar el criterio de todas las autonomías. De forma que va a esperar a evaluar las
alegaciones que presenten las
comunidades sobre el punto sanitario.
Fuentes del ministerio que lidera
María Jesús Montero han explicado a
Redacción Médica que todavía es pronto para evaluar la repercusión de esta reforma en la sanidad de las comunidades autónomas, pero que, en cualquier caso, "ahora habrá
que escuchar y ver las alegaciones" de las autonomías sobre el punto sanitario, "por lo que no hay nada cerrado".
La semana pasada, Hacienda remitió a todas las comunidades autónomas de régimen común, junto a Ceuta y Melilla, la
propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica en base al
criterio de población ajustada, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las autonomías sobre el
nuevo sistema de financiación.
En este texto, Hacienda propone un
cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales. En esta propuesta, puede verse el peso de la variable sanitaria, aunque ahora
deben evaluar y analizarlo las comunidades autónomas.
La propuesta de Hacienda en sanidad
En el caso del
gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en 7 tramos de edad y donde se aplican unos
coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años de sus
beneficiarios.
En la propuesta enviada por Hacienda, los grupos se dividen en
tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos. De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias. En definitiva, la población protegida equivalente tiene en cuenta que, en términos de gasto sanitario,
la edad de los ciudadanos es relevante.
Asimismo, la propuesta también contempla una
actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la
distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. Con todos estos elementos, el
peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener
una ponderación del 38 por ciento a una entre el 40 y el 45 por ciento.
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