Su supresión no está entre los cinco puntos preacordados para la Conferencia de Presidentes, pero hay disposición

Hacienda, a un paso de abolir la tasa de reposición en la sanidad española
Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda.


12 ene. 2017 18:00H
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La Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero puede dictar la sentencia de muerte de la tasa de reposición en los procesos selectivos para la sanidad y otros servicios esenciales. Aunque todavía no se ha cerrado el acuerdo para su eliminación (no estaba entre los cinco puntos aprobados en la reunión preparatoria del miércoles 11 de enero), el tema se abordará la semana que viene. Las autonomías coincidirán en pedir su abolición y el Ministerio de Hacienda les esucuchará con "buena disposición".
 
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha dado este jueves por hecho el acuerdo con Hacienda para levantar este límite y ha confiado en que la OPE que su Gobierno prepara para 2017 sea la primera en cinco años sin tasa de reposición. Sin embargo, fuentes de otros ejecutivos regionales han explicado a Redacción Médica que este acuerdo no llegó a suscribirse en la preparatoria. Desde el Ministerio se ha precisado que, pese a la buena disposición, la supresión no se puede dar por hecho hasta la propia Conferencia.
 
Durante la preparatoria se analizó un orden del día de 10 puntos. En cinco de ellos hubo acuerdo, pero entre ellos no estaba la tasa de reposición. Tampoco se cerraron acuerdos en torno al nuevo sistema de financiación autonómica, dependencia, y empleo, según estas mismas fuentes. Estos puntos quedaron para una discusión más matizada en la propia Conferencia.

Retos demográficos
 
Los cinco puntos en torno a los cuales sí que hubo un acuerdo eran relativos a Protección Civil, Asuntos Europeos y a la promoción del pacto por la educación. También se llegó a un acuerdo para hacer que las reuniones de la Conferencia de Presidentes tengan un carácter más ejecutivo (con comisiones de seguimiento de los acuerdos, etc) y establecer una serie de actuaciones para afrontar los “retos demográficos” que sufren algunas regiones españolas.
 
Este último punto, promovido por comunidades autónomas como Castilla-La Mancha toca tangencialmente los debates sobre sanidad y sobre financiación autonómica. Estas regiones pretenden que se incluyan factores como la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional a la hora de que se les sean asignados recursos para financiar sus servicios públicos y, muy en especial, los servicios de salud, que constituyen la mayor parte de su presupuesto.
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