Formación médica sin financiación de la industria: "Es un brindis al sol"

El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una propuesta para que la industria farmacéutica deje de financiar la formación continuada de los médicos y resto de profesionales sanitarios.

En su punto 47.2, el dictamen insta a tomar “medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”.

Desde la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España (Aeseg) opinan que “la utilidad de esta formación está demostrada”. Así lo explica su secretario general, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, que incide además en la transparencia que el sector tiene en este ámbito. “Todo se hace en un marco de total transparencia guiado por los códigos de conducta, que son incluso más exigentes que lo marcado por la ley”, incide.

A su juicio, “todos los recursos humanos y materiales que se ponen a disposición de los médicos y farmacéuticos para formarse son importantes y necesarios”. Además recuerda que todas esas actividades formativas financiadas por la industria “están regladas, reguladas y vienen recogidas en una memoria”.

Por todo ello, su deseo es que esta actividad formativa apoyada por la industria “se mantenga en beneficio de la formación de los sanitarios pero también de los pacientes y, en definitiva, de todo el Sistema Nacional de Salud”.

Los médicos recuerdan que ya hay medidas para la independencia

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, valora positivamente el dictamen en sanidad aprobado por Congreso en su conjunto.

Sin embargo, no respalda que en el apartado de la financiación de la formación médica por parte de la industria, el acuerdo contemple la palabra “prohibición” pero no cuente “cómo se va a llevar a cabo por parte de las Administraciones, qué dinero van a destinar o a través de qué intermediarios se va a hacer”.

En su opinión, “este punto se ha quedado abierto, muy prohibitivo y sin dar una solución concreta. Creemos en la financiación pública de la formación y entendemos que deben ser los organismos profesionales las herramientas necesarias para ello. Pero hasta que se haga este diseño, es un brindis al sol que, si se tuviera que hacer de un día para otro, conllevaría consecuencias muy importantes para la formación de los médicos”.

En este sentido, la OMC es partidaria de que la formación del médico se base en comportamientos éticos y deontológicos, en una acreditación de la calidad permanente y con una dotación financiera suficiente, manifiesta a Redacción Médica.

De hecho, Romero asegura que el propio Código de Deontología de la OMC ya establece que cualquier actividad científica o de formación que reciba financiación externa debe reflejar, con claridad y transparencia, el alcance de ese patrocinio, así como garantizar la independencia de los contenidos y la libertad de los ponentes.

Romero detalla que la organización médica dispone de una herramienta (Seaformec) para acreditar que la formación continuada que recibe la profesión sea de calidad y acorde a unos estándares. Con ella, a su juicio, ya garantizarían que la formación médica se haga sin conflictos de interés, con calidad y transparencia, independientemente de la fuente de financiación. “No dudamos en la calidad que puede dar la industria ni la Administración Pública a la formación del médico”.

Medicina Familiar y Comunitaria: "Indignados"

A José Luis Llisterri, presidente de Semergen, la decisión de la Cámara Baja le ha causado “indignación”. “El Ministerio de Sanidad no puede garantizar la formación; ojalá, pero no puede”, explica este representante de Médicos de Familia.

“Cuando hay un nuevo descubrimiento, se pone a disposición de la sociedad a través de las Sociedades Científicas; y esto se hace a través de congresos y reuniones, que son los foros de actualización de conocimientos”, explica Llisterri. “Esto supone además una gran inversión a municipios”,incide.

Listerri se cuestiona: “Los congresos y las jornadas, ¿se van a eliminar o las promoverá la Administración?”. Y añade que la medida “no tiene legitimidad desde el punto de vista profesional”. “Formación va ligada a investigación; si penalizas la formación, penalizas la investigación”, señala.

A su juicio, un buen ejemplo es “la vacuna del Covid-19”. “Esto requiere formación profesional para ver qué persona es candidata, cómo se tiene que investigar… Y si lo estamos desvinculando de la investigación, la estamos torpedeando”. “Con esta comisión de reconstrucción esperábamos el impulso a la investigación, y hoy por hoy, ésta viene de la industria farmacéutica”, concluye.