Fedea aboga por más autonomía fiscal de las CCAA en pro del gasto sanitario

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aboga por una “reforma coordinada” en dos pasos del sistema de financiación autonómica que cristalice, en primer lugar, en un reparto territorial más equitativo, y en segundo, en una mayor responsabilidad fiscal regional “que ayude a alinear los incentivos de nuestros gestores públicos con los intereses de los ciudadanos a los que representan”, lo cual, de forma consecuente, habría de redundar en un aumento de la inversión sanitaria en las regiones más económicamente desfavorecidas, aun manteniéndose sus porcentajes actuales de gasto al respecto.

En la propuesta, la primera de una serie especial dedicada a políticas públicas, el director ejecutivo del think tank, Ángel de la Fuente, identifica tres grandes problemas en el actual sistema de financiación autonómica, que lleva sin renovarse desde 2009, a saber, escasa transparencia y excesiva complejidad del sistema, inexistencia de un criterio claro de reparto y nivelación que genera desigualdades territoriales, y, por último, déficit de autonomía de ingreso y de responsabilidad fiscal que limita la capacidad de actuación de las administraciones regionales, especialmente en las comunidades de régimen común, es decir, las no forales.

Sistema de financiación “enrevesado” y “contradictorio”

Fedea culpa de estos hándicaps al “enrevesado sistema de transferencias verticales que canaliza recursos desde el Estado hacia las comunidades autónomas (y en algunos casos a la inversa) con criterios de asignación variopintos y en ocasiones contradictorios entre sí”. A ello, de acuerdo al informe, hay que añadir que el sistema vigente “incumple el principio de responsabilidad o equivalencia fiscal”, que exige que cada gobierno regional “sea responsable no sólo de sus decisiones de gasto, sino también de las cargas tributarias que han de financiarlas, sin posibilidad de trasladar parte de sus costes a otras administraciones”.

Dejando de lado a las comunidades forales, los datos de 2021 -el último liquidado- reflejan que existe un abanico de unos 25 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor tratadas por el sistema en términos de financiación por habitante ajustado. Pero es que, si se tienen en cuenta las autonomías forales, las diferencias son mucho mayores: estos territorios se sitúan entre 50 y 100 puntos por encima la comunidad de régimen común mejor financiada.

Reparto equitativo y más responsabilidad fiscal autonómica

La primera de las dos fases para la puesta en marcha de la reforma de la financiación autonómica propuesta por Fedea, “que debería abordarse de forma inmediata”, tendría como objetivo mejorar la equidad del reparto territorial de los recursos públicos mediante la creación de un “fondo complementario de nivelación” financiado con recursos del Estado.

Este fondo, dotado con en torno a 3.000 millones de euros, se repartiría entre las comunidades de régimen común cuya financiación por habitante ajustado se halla a la cola, Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, para complementar sus ingresos y, así, eliminar la distancia respecto al resto. El fondo se mantendría operativo hasta que se completase la reforma del modelo, momento en el que sus recursos se integrarían en el sistema general.

La segunda fase consistiría en el aumento de la responsabilidad fiscal de cada comunidad autónoma mediante un “sistema de retenciones y entregas a cuenta” con “unos impuestos autonómicos claramente reconocibles” para que “las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a la evolución real de la recaudación”. Es decir, lo que se busca es favorecer la autonomía económica de las regiones para evitar un reparto arbitrario del Estado.

Riesgo de “negociación bilateral” con el nacionalismo catalán

Ello, de acuerdo al documento, entrañaría cierto riesgo en tanto en cuanto se deja una puerta abierta a la negociación “con las comunidades más reacias a la redistribución territorial”, algo que “podría permitir acomodar parcialmente las demandas de los nacionalistas catalanes (y de los gobiernos de otros territorios de alta renta) dentro de un esquema razonable”.

En este sentido, se alerta de que los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con JxCat y ERC comporta el riesgo de que se inicie “una deriva hacia un sistema de financiación a la carta negociado de forma bilateral con algunas comunidades” para “limitar artificialmente la contribución de estas a la redistribución regional”.

En cualquier caso, Fedea resalta que estas medidas habrían de ser transitorias y estar vigentes hasta que los partidos políticos y las propias regiones alcanzaran un pacto político “para buscar un consenso lo más amplio posible sobre las reformas que el sistema necesita”.