Falta "transparencia y seguridad jurídica" en ayudas de investigación covid

El Tribunal de Cuentas recomienda al Instituto de Salud Carlos III (Isciii) tomar una serie de medidas para paliar las carencias en “transparencia” y “seguridad jurídica” que, entre otras circunstancias, ha detectado en su análisis sobre las subvenciones concedidas en 2020 para financiar, en plena pandemia, proyectos de investigación sobre el coronavirus.

El Fondo Covid-19 fue el nombre con el que el Gobierno bautizó un crédito extraordinario de 25,2 millones de euros para el Isciii, de los que 1,2 tenían que destinarse a proyectos de investigación de la propia institución, y 24 millones, habían de dedicarse a subvenciones directas a proyectos y programas de investigación del virus.

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de las ayudas gestionadas por el Isciii en 2020 y 2021, valora que esta convocatoria de ayudas fue “una de las primeras medidas de este tipo adoptadas a nivel mundial”, así como “la celeridad y la rapidez” con la que se gestionó, lo cual permitió que el primer proyecto financiado recibiera los fondos el 6 de abril de 2020, “menos de un mes después de la calificación del brote como pandemia el 11 de marzo”. Sin embargo, también ha detectado ciertos aspectos que, según su criterio, pudieron resolverse mejor de lo que se hizo, ante lo cual aporta una serie de recomendaciones de mejora.

“Para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, en situaciones similares, sería conveniente documentar y proporcionar información sobre la evaluación y selección de proyectos, así como explicar las razones que motivaron las decisiones tomadas”, reza el informe en una de las recomendaciones. Entre otras cosas, el Tribunal de Cuenta lamenta que, aunque la convocatoria reconocía que el Fondo Covid-19 era compatible con otras ayudas, “no estableció la obligación del solicitante de declarar otras fuentes de investigación del proyecto”, ni tampoco “un límite para la cantidad total subvencionada”, aunque esto último sí figuraba en las resoluciones de la concesión, tal y como explica el Isciii en las respuestas a las apreciaciones del Tribunal de Cuentas, recogidas en el informe.

El organismo fiscalizador también ha detectado que, a pesar de que la convocatoria estableció un plazo inicial de presentación de solicitudes, el periodo “fue interrumpido, posteriormente reanudado y finalmente cerrado” antes de que el Fondo se agotase, “sin que conste una resolución del director del Isciii al respecto”. Además, en el informe se indica que el contexto de urgencia en el que se evaluaron las 1.504 solicitudes registradas “dificultó extraordinariamente la documentación y repositorio de todos los informes de evaluación”, lo cual dio lugar a “numerosas incidencias” y supuso un “obstáculo” para “analizar la trazabilidad de la selección de los distintos proyectos”.

Al respecto de esto último, el Isciii anuncia que, si volviera a darse este tipo de situaciones en futuras convocatorias de ayudas de esta índole, “tanto la presentación de solicitudes como la evaluación de las mismas se realizaría a través de la aplicación habilitada a tal fin”. Ello contribuiría a la “trazabilidad de todo el proceso” y “garantizaría […] la transparencia y seguridad jurídica, ya que se dispondría de toda la información y documentación generada en la aplicación sobre la evaluación y selección de proyectos”. La institución, en cualquier caso, recuerda que la convocatoria del Fondo Covid-19 tuvo lugar en “un contexto de pandemia y emergencia mundial” que conllevó la elaboración de las bases “en un plazo limitado”.

Más "transparencia" en evaluación de proyectos

El Tribunal también da al Isciii un tirón de orejas en términos de transparencia en lo que se refiere a “promover, fomentar y supervisar activamente” la publicación de los resultados de los proyectos en el Registro Español de Estudios Clínicos (REec).

Al respecto, señala que se concedieron 23,7 millones de euros repartidos entre 129 propuestas, pese a que los beneficiarios habían pedido casi 33,7 millones de euros. Es decir, se acabó financiando el 71,34 por ciento del importe solicitado. Dice el Tribunal de Cuentas que existe un sobrante no concedido de 262.954,62 euros que, según el Isciii, no se otorgó en forma de ayuda porque no se presentaron más propuestas que se pudieran considerar financiables.

“Sin embargo, se ha verificado que, de los proyectos no seleccionados, 1.015 tenían un presupuesto inferior a esa cifra, y al menos 21 de ellos no fueron seleccionados por no alcanzar el nivel de priorización en comparación con otros proyectos”, señala el órgano fiscalizador. Según el Isciii, la financiación de las solicitudes se decidía “en función de la relevancia y calidad de las propuestas presentadas, todo en ello en función de la disponibilidad presupuestaria, teniendo en cuenta lo solicitado en concordancia con los objetivos planteados por la convocatoria”.

El Tribunal de Cuentas, aparte, lamenta que no se aplicara “un control minucioso” ni se impusieran “consecuencias” al incumplimiento de pago de diez días que el Isciii concedía para que las entidades beneficiadas devolvieran los fondos no usados, los gastos rechazados y los intereses de demora. Tampoco hay información sobre “el momento en el que se llevó a cabo la revisión y el cierre científico de los proyectos”.

Acerca de esto último, el Isciii reconoce que, aunque “la justificación de seguimiento final” se hizo “en todos los casos” con la entrega de “la correspondiente memoria final”, no se dispone de “un informe de evaluación científico final”. Fruto de ello, en la aplicación de seguimiento sigue constando que no se ha hecho el cierre científico, algo que “se corregirá a la mayor brevedad posible”.

Actualización de los estatutos del Isciii

Por otro lado, en el informe se explica que no hay constancia de que se celebraran reuniones de la Comisión Mixta de Coordinación entre los ministerios de Sanidad y de Ciencia e Innovación, ni tampoco del Consejo Rector del Isciii para elaborar la convocatoria del fondo de ayudas. La institución señala que pretende “actualizar las funciones y las responsabilidades de todos sus órganos de gobierno” en la actualización de sus estatutos prevista para 2025.

En el artículo 9, se establecerá que el Consejo Rector se reúna al menos una vez al año, si bien la presidencia podrá acordar la celebración de reuniones extraordinarias “tantas veces como sea necesario para el desarrollo de las funciones que el Consejo Rector tiene encomendadas”.