Europa encarrila una nueva era laboral con la salud mental como prioridad

El Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea (Epsco) ha aprobado este lunes, a instancias de la ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, el primer documento avalado por los 27 en el que se promueve mejorar las condiciones de trabajo para frenar la precariedad laboral y su relación directa con la salud mental. No hay que olvidar que, en 2022, un 27 por ciento de las personas trabajadoras en la UE sufrieron de estrés, depresión y ansiedad.

“De ningún modo podemos permitir que el mercado laboral sea fuente de malestar psicológico. El trabajo decente y con derechos que defendemos es la antítesis de la precariedad laboral”, ha afirmado Díaz, quien ha recordado que España ya cuenta con una comisión de expertos para abordar este asunto, un modelo que ahora se traslada a Europa, tal y como había avanzado el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones.

El documento aprobado, Conclusiones sobre salud mental y precariedad laboral, recoge diversas propuestas, entre las que se insta a los países a promover políticas de empleo de calidad que combatan la precariedad laboral, a apoyar la investigación sobre salud mental en el trabajo con un enfoque preventivo, a impulsar sistemas de vigilancia de la salud mental en las empresas y a apoyar a los autónomos y a las pymes en la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo.

“Con estas conclusiones mandamos un mensaje muy claro desde el Consejo Epsco: que la salud mental, que no es sino tener vidas vivibles, deber de ser un derecho de todas las personas trabajadoras en Europa, no el privilegio de unos pocos”, ha explicado la ministra en funciones ante sus homólogos y homólogas europeos.

Recomendación para impulsar la Economía Social

Al margen de las medidas contra la precariedad laboral y la depresión vinculada a esta, el Consejo Epsco también ha dado luz verde a una Recomendación para desarrollar la Economía Social en Europa, la primera norma de la UE de estas características, que define la Economía Social como un universo de entidades privadas autónomas que operan primando las personas y el propósito social sobre el lucro. Además, reinvierten la totalidad o la mayor parte de sus ganancias y excedentes en fines sociales y/o ambientales o en actividades de interés para los usuarios o en la sociedad. Asimismo, su gestión se realiza de forma participativa con las personas que las conforman, por lo que la toma de decisiones es más democrática.

Se trata de “un modelo de éxito que combina eficiencia económica y justicia social, y que nos recuera también la importancia de una mayor democracia en el trabajo para que las personas trabajadoras participen activamente en la toma de decisiones”, según Díaz. Aunque más de 2,8 millones de empresas y entidades se enmarcan en este modelo productivo empleando a más de 13,6 millones de personas, se aplica forma desigual en los diferentes países.

Con esta norma, se aboga por que los estados miembros de la UE promuevan las cooperativas, mutualidades, centros especiales de empleo, sociedades laborales o fundaciones. “La Economía Social da un importante paso para convertirse en un nuevo pilar de la Europa social”, ha asegurado la ministra en funciones.

Nuevas tecnologías y salud laboral

Díaz también ha planteado a sus homólogos europeos cómo abordar el impacto de las nuevas tecnologías en las personas trabajadoras y las posibilidades de una transición digital con derechos. Ante el desafío que supone el sesgo algorítmico y la incursión de la inteligencia artificial en el conjunto de la actividad laboral, ha pedido definir bien los límites de esa estrategia de digitalización.

La ministra, además, ha consultado a sus colegas sobre proyectos, leyes e iniciativas a nivel europeo para explorar la reducción de la jornada de trabajo, un debate que está relacionado con “el trabajo decente, la seguridad y la salud en el trabajo, con la brecha de género o la productividad en las empresas”.