María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Pese a que lo habitual es que el Gobierno central remita a Bruselas su plan de Presupuestos una vez iniciada su tramitación en las Cortes, la situación de ‘interinidad’ del gabinete de Pedro Sánchez le lleva a presentar proyecto para 2024
“inercial” y “prudente” en el plano fiscal con una previsión del
déficit del 3 por ciento y una
revisión al alza del PIB, que este año avanzaría a un ritmo del 2,4 por ciento (2 por ciento en 2024). Esta limitación de las funciones del Ejecutivo afecta también a la
inversión en sanidad, que se mantiene en el
6,7 por ciento del PIB del gasto del conjunto de las administraciones públicas.
En cualquier caso, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos incide en el
proyecto presupuestario de España para 2024 en que las
proyecciones de ingresos y gastos se encuentran enmarcadas en un escenario en el que no se pueden adoptar nuevas medidas. A ello se suma “un escenario internacional volátil, plagado de incertidumbres”, que, sostiene, le “obliga” a desarrollar “
políticas prudentes y realistas desde la búsqueda de la justicia social y de la eficiencia económica”.
“Pese a ello, se mantiene la estrategia prevista en el Programa de Estabilidad de abril y este Plan Presupuestario reitera la senda de
consolidación fiscal a medio plazo fijada, que permitirá una reducción gradual pero decidida del déficit al
3 por ciento del PIB en 2024”, indica el documento.
En concreto, se espera que el saldo fiscal de los entes públicos para el año 23-24 sea del -2,9 por ciento del PIB en el caso de la
administración central. También será negativo en las
comunidades autónomas (-0,1) y los fondos de la
seguridad social (-0,2), mientras que las
entidades locales concluirán el ejercicio en ‘verde’ (0,2).
En el 2024 “se contempla un escenario inercial” en el que los
gastos totales, sin tener en cuenta el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “continuarán
descendiendo ligeramente” hasta situarse en el 45,0 por ciento (ocho décimas menos).
Se mantiene, en cualquier caso, el
gasto público en sanidad ya previsto para 2023 (
6,7 por ciento del PIB). Lo mismo sucede con la
educación (4,3 por ciento), mientras que las partidas para
empleo (que incluye el gasto relacionado con las políticas activas de empleo) decrecen una décima hasta situarse en el 1,9 por ciento.
Subida de sueldo a los sanitarios
El proyecto presupuestario remitido a Bruselas recoge también un incremento del gasto para el
aumento de los sueldos de los funcionarios, incluidos los profesionales sanitarios, recogido en el el
Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI.
El Ejecutivo central aprobó recientemente, en el marco del Consejo de Ministros, este incremento salarial del 0,5 por ciento que quedó vinculado a la deriva del
Índice de Precios de Consumo (IPC). Esta decisión tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023 y ya se comenzó a notar en la nómina del mes de octubre.
Esta subida de sueldo se suma al incremento del
3,5 por ciento que gabinete de Pedro Sánchez acordó con los sindicatos en 2022.
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