España no quiere liberalizar su sanidad

Eduardo Ortega / Hiedra García / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Madrid
Los ecos de liberalización de los sistemas nacionales de salud en Europa generados por la negociación del acuerdo de libre comercio (TTIP) entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE UU) siguen sin acallarse. Sin embargo, representantes de la profesión médica y partidos políticos reunidos en El Debate de Redacción Médica: la sanidad europea, ¿en venta?, patrocinado por Janssen, aseguran que España no puede hacer concesiones a este proceso, ni en el SNS ni en el modelo farmacéutico.

José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid; Jesús Aguirre, senador del Partido Popular; Eduardo Ortega, periodista de Sanitaria 2000, y Rubén Bejarano, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid.

De hecho, Jesús Aguirre, senador del Partido Popular, asegura que los gobiernos nacionales no van a estar obligados a “nada” por este tratado, algo ya asegurado por el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy. En cambio, Rubén Bejarano, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid,  advierte de que el TTIP es “incompatible con el modelo de sanidad español”, y teme cómo puede afectar una acuerdo final a España. Mientras, José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, advierte de que “la sanidad no puede estar sometida a los vaivenes de los mercados” y que “no contribuiría en ninguna medida a mejorar la atención sanitaria” .

Sin embargo, y trasladado a la clave nacional, Aguirre y Bejarano han enfrentado sus visiones sobre la gestión sanitaria, defendiendo uno los diferentes modelos de gestión de las administraciones públicas, incluida la externalización, mientras que el otro advierte de que algunas de estas medidas solo conducen a un fin: la privatización.

José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid: La nueva Comisión Europea que preside Jean-Claude Juncker se ha constituido recientemente y no se han desarrollado todos los organismos todavía. Es un gobierno de centro derecha, ¿serán más propensos a la liberalización de los servicios públicos?, podría ser, pero por otro lado, están ya tan consolidados que podemos decir que están blindados. Evidentemente se necesitan reformas en estos servicios, pero no creo que se atrevan a poner medidas que desmantelen el sistema.

Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Senado: Estamos hablando sobre el tratado de transferencia transfronteriza que está en borrador y es para el libre comercio entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). Es lo mismo que ocurrió cuando España entró en la UE, se están sentando las bases para un buen feedback en respuesta a la aparición emergente de Asia. Europa tiene problemas para entrar en el mercado americano y viceversa, por lo que se quiere favorecer a las empresas. Existe un compromiso del Gobierno Español de que este tratado no afectará a los servicios públicos esenciales como sanidad o educación.

Rubén Bejarano, portavoz de Sanidad de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid: Desde mi partido estamos interesados en generar el debate sobre este tema porque no estamos esperanzados por el nuevo tratado, ni vemos sus bondades. Denunciamos que se está defendiendo este proyecto desde 2011 con mucha opacidad. La propia Comisión Europea ha reconocido que no ha sido una negociación entre estados sino que han intervenido lobbies y grandes empresas. Izquierda Unida ha dicho que si sale el tratado debería ser consultado a todos los ciudadanos por su importante impacto. Vemos que pone en riesgo el modelo social, la gestión de los servicios públicos y las condiciones laborales.

Eduardo Ortega: ¿Es factible someter la sanidad a este tratado?

José Antonio Otero: Europa tiene consolidados sus servicios. En España, si hay una financiación suficiente, la sanidad da buenos resultados, pero con la crisis está peligrando su calidad asistencial. Puede que debiéramos aceptar algunos grados de liberalización, hay muchos modelos, y en Europa se ven porque es muy heterogénea. Pero el concepto de una sanidad universal, equitativa y de calidad no se debe perder, y podría estar en peligro. No podemos copiar lo malo que nos venga de EEUU, porque es un sistema que está basado en otros principios que no son los nuestros.

Jesús Aguirre: Quiero transmitir de forma taxativa que la sanidad no está en riesgo. En el tratado se salvaguarda perfectamente la voluntad de cada uno de los estados miembro en lo esencial, en el caso de España, en la sanidad: es decir, lo que es el modelo sanitario español, que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos.

Parecido ocurre con el modelo farmacéutico. Es óptimo y tenemos una sentencia de Luxemburgo en la que se resuelve a favor del binomio titularidad/propiedad, aunque sea un monopolio, pero un monopolio que vamos a mantener por varias razones.

Primero, que tenemos el índice de farmacias más alto de Europa. Segundo, porque el 99 por ciento de la población está a una distancia mínima de una farmacia, aunque sean núcleos pequeños.

Además, es una pyme importantísima: tenemos 80.000 puestos de trabajo que dependen de ellas, 43.000 farmacéuticos en farmacias de Atención Primaria, tenemos 21.000 farmacias comunitarias funcionando… Encima, está haciendo una labor sanitaria importantísima de mediación en salud a coste 0 para el Estado. A eso hay que sumar el control que permite sobre el control del medicamento y las estructuras generadas para su distribución.

Liberalizar todo lo mencionado y quitar el monopolio actual sería un desastre desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Eso el gobierno socialista lo tenía clarísimo, y también lo tiene el del Partido Popular. Y así lo hemos defendido en Europa ante la amenaza de Alemania y otros países para que abramos el mercado a multinacionales.

Rubén Bejarano: Con el tratado no se va a conseguir más intervención de los gobiernos en la sanidad, sino que se pretende mejorar las condiciones económicas de las grandes empresas y no tanto mejorar las prestaciones públicas. El propósito es reducir los ya bajos niveles arancelarios, favoreciendo a las multinacionales.

Aquí estamos hablando de regular el control sanitario de diferentes productos, las competencias que tienen los gobiernos de fijar los fármacos, los estándares medioambientales o los convenios laborales. En definitiva, estamos hablando de la privatización de los servicios públicos. Nosotros no tenemos ninguna duda de que este tratado es incompatible con fortalecer un sistema sanitario público universal y de la máxima calidad.

Jesús Aguirre: Quiero recalcar que el tratado no afecta a los servicios públicos esenciales porque cada Estado Miembro es libre de decir qué sector abriría. Pero ahora tenemos problemas para introducir nuestros productos a EEUU y con el tratado se facilita el movimiento empresarial. Se podrá salvaguardar el sector que cada país vea oportuno y lo demás entraría en el libre comercio. No podemos negarnos a quitar aranceles, es positivo.

José Antonio Otero: Entonces, ahora la pelota está en el tejado del Gobierno del Partido Popular, que decidirá lo que entra en el tratado, ¿por qué debemos fiarnos de que el PP sea quien blinde la sanidad?

Jesús Aguirre: Yo me fío porque el secretario de Estado se comprometió en sede parlamentaria a no entrar ni en el modelo sanitario ni en el educativo, igual que otros estados han dicho que blindarán otros sectores. Al final el tratado se firmará, pero con las cláusulas que cada uno establezca. Sería un problema por ejemplo cambiar el modelo mediterráneo de farmacia.

José Antonio Otero: Pero el Partido Popular apuesta por dar la concesión de la gestión a empresas privadas.

Jesús Aguirre: La financiación de la sanidad es pública, otra cosa es que la provisión de los servicios sea encargada a otras empresas. Cada uno gestiona como considera oportuno y más eficiente. La administración solo debe velar por el control de la calidad. Así que, la lucha que ha habido en contra de la supuesta privatización de la sanidad ha sido una falacia, porque sigue siendo universal y gratuita.

Rubén Bejarano: Con la aplicación del tratado dejamos de hablar de un modelo universal y gratuito. Hay que decir que los gobiernos no podrán recuperar los servicios públicos privatizados.

Si Izquierda Unida llega a una posición de gobierno o de condicionar políticas en las próximas elecciones, querríamos recuperar esos servicios para la gestión pública, pero con este tratado no podríamos. Las empresas podrán además garantizar y proteger sus inversiones con un derecho de demanda a los gobiernos cuyas iniciativas puedan perjudicar sus intereses económicos, por ejemplo, hacia los gobiernos que quieran gestionar de forma pública los servicios sanitarios.

Lógicamente, las administraciones públicas tendrán menos capacidad para intervenir en la gestión de nuestros derechos. Habrá problemas para fijar precios de productos farmacéuticos, para controlar y evaluar las tecnologías, y para introducir medidas de protección de la salud pública. Se tiende a la creación de más mercados privatizados y a favorecer la inversión privada en nuestros servicios públicos. Es un claro retroceso.

Eduardo Ortega: Y el tratado, ¿de qué manera podría afectar a los profesionales?

José Antonio Otero: El tratado de libre comercio puede ser interesante pero los profesionales creemos que hay cosas que no pueden estar sometidas a él. Los proveedores de servicios pueden ser públicos o privados, pero yo separaría de entre los privados, los que tienen ánimo de lucro y los que no. Tenemos miedo de que la privada con ánimo de lucro entre en sanidad. Para desarrollar su trabajo, el médico necesita independencia y autonomía para tomar decisiones aunque esté sujeto a regulaciones profesionales o científicas; también necesita recursos materiales y humanos adecuados y tener una retribución digna.

Estos principios están en peligro con la entrada del sector privado con ánimo de lucro, según he comprobado a través de mi experiencia. En Estados Unidos existe un paradigma distinto, dos tercios de los grandes hospitales son privados pero sin ánimo de lucro, como la Clínica Mayo o el Monte Sinaí.

Rubén Bejarano: Claro que afecta a los profesionales. De hecho, la UE cree que se pueden destruir empleos en algunos sectores y zonas, favoreciendo a otros sectores y zonas. En la dramática situación económica que todavía tiene España no se creará empleo. Una sociedad con pocos ingresos y rentas bajas no puede comprar.

Lo que se producirá es un trasvase de empresas pequeñas a grandes empresas multinacionales que tienen estructuras de costes y precios más reducidas. Se va a flexibilizar y eso significa que los trabajadores tendrán peores condiciones laborales.

En definitiva, EEUU va a imponer con este tratado sus regulaciones comerciales, económicas y laborales, y no es lo mismo el derecho del trabajo que existe en España o en la UE que el que existe en EEUU. Podemos anticipar lo que se nos viene encima.

Jesús Aguirre: En los tratados no se impone nada a nadie. En los tratados se llega a acuerdos mediante una negociación. Lo que ha salido hasta ahora es un borrador. La sanidad española no se puede comparar con la de EEUU donde la financiación es privada. La nuestra es 20 veces mejor, pero ojalá los sueldos de los españoles se nivelaran con los de europeos y estadounidenses. El modelo público o privado no es bueno ni malo, sino que hay buena y mala gestión, la misión de la administración es controlarla mediante auditorías.

José Antonio Otero, Jesús Aguirre y Rubén Bejarano.

CONCLUSIONES

Eduardo Ortega: Entonces... ¿está la sanidad europea en venta?

Jesús Aguirre: Claramente, la sanidad española no está en venta. El tratado de libre comercio tiene sus puntos positivos, como la creación de empleo y de puestos de trabajo, pero lo importante es que se salvaguardan las sociedades importante, como la sanidad y la educación. No tenemos ningún tipo de preocupación y el Gobierno sabe claramente lo que se hace.

Respecto a Europa, cada estado puede hacer lo más oportuno. Nosotros tenemos claro que, en lo que es Sanidad y Educación, no va a haber ninguna injerencia externa. Cada gobierno tiene sus propias competencias.

Rubén Bejarano: Entiendo que Jesús tenga dificultades para defender algunas cuestiones, y que no se moje en la pregunta hecha por el moderador. Hay que entender que España pertenece a una entidad supranacional, la UE, que es la que está negociando con Estados Unidos, y sin duda la sanidad europea, que es la nuestra, está en venta.

Jose Antonio Otero: Yo creo que sí, está en venta. Tengo miedo al respecto. La sanidad, que es un servicio que debe estar muy regulado, cuando se admite que puede ser sujeto de negocio y de comercio e intercambio, pierde unos valores que están muy metidos en los españoles y en la conciencia de los europeos. La sanidad no debería estar sometidad a las reglas del mercado. La Unión Europea tendría que asegurar que este y otros servicios públicos son bienes que conviene preservar, y que deben estar sometidos a una legislación muy estrecha.

Vea COMPLETO El Debate de Redacción Médica: la sanidad europea, ¿en venta?