Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Gobierno de
España actualizará el catálogo de enfermedades profesionales “evaluando con especial atención la prevención de riesgos psicosociales”, y haciendo hincapié en las patologías de
salud mental, tal y como ha respondido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
Elma Saiz, a la senadora del EH Bildu
Idurre Bideguren. “Será en el marco del diálogo social como herramienta fundamental en el
ámbito laboral, donde se va a tratar esta materia para, entre todos, encontrar la mejor solución”, ha enfatizado la titular de Seguridad Social.
Concretamente,
renovar el catálogo de enfermedades profesionales depende de varias áreas del Gobierno, según ha recordado Saiz. Se trata, además de Seguridad Social, de las carteras de
Trabajo y de Sanidad, lideradas por Yolanda Díaz y Mónica García. Y es que depende de las tres ramas la modificación del cuadro de enfermedades, además de a la
Comisión Nacional de Seguridad de Salud en el Trabajo y otras entidades parecidas. Es un
compromiso “para la presente legislatura”, ha proseguido Saiz, subrayando que el grupo de trabajo para su actualización está estudiando la “influencia de los factores psicosociales en el
riesgo para la salud mental”, así como el establecimiento de indicadores “que permitan conocer qué actividades son las más afectadas por estos factores de riesgo”.
Según la senadora de Euskal Herria Bildu, España es el país “con mayor
consumo de ansiolíticos del mundo, y desde el 2000, el
consumo de antidepresivos ha crecido un 250 por ciento”. En concreto, tal y como ha resaltado Bideguren, la población que más sufre este tipo de situaciones son los
jóvenes, las mujeres y las personas con empleos precarios. “Las causas son diversas, entre ellas, las consecuencias de la
pandemia del Covid-19. Y este tipo de patologías no están incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales”, ha argumentado la senadora vasca, incidiendo en las dos principales consecuencias de este escenario.
Una de ellas es que “lo que no se mide, no se ve, y por lo tanto, no se puede prevenir”. “Y eso explica, en parte, la debilidad de las empresas en la gestión de los
riesgos psicosociales”, ha añadido. Por otro lado, Bideguren ha señalado que los
trastornos mentales también están relacionados con la actividad laboral, a pesar de que son derivados a la
salud pública, “considerada como
enfermedad común”. Así, ha afirmado que su coste se traslada a la Seguridad Social, con su respectiva carga a los
presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas.
Informes científicos sobre salud mental
La ministra de Seguridad Social, por su parte, ha puesto en valor la voluntad del Gobierno en adoptar un cambio, aunque recalcando que es igual de necesario contar con
informes científicos que "avalen" la propuesta de modificación del catálogo de patologías profesionales. “La prueba de que estamos ante una realidad compleja es que no hay un
marco armonizado a nivel europeo sobre las enfermedades profesionales, lo que dificulta la disposición, por ejemplo, de datos comparables entre países”, ha apuntado.
En ese sentido, Saiz ha explicado que
Eurostat está haciendo un informe piloto de transmisión de información por parte de los estados miembros de la
Unión Europea en la que España está participando. Así, la representante gubernamental ha puesto en valor que el
Ejecutivo de Pedro Sánchez está enfocado en “avanzar hacia un
enfoque global de la salud mental de las personas trabajadoras”.
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