El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Gobierno enviará a
Bruselas en plazo, sin poder rebasar el 30 de abril, la actualización del
Programa de Estabilidad para el periodo 2019-2022, que incluirá un avance del
spending review encargado por el Ejecutivo en 2018 a la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según confirmaron fuentes del organismo.
En concreto, el Gobierno prevé enviar
"en plazo" a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad que cada país debe enviar a la Comisión Europea no más tarde del 30 de abril para que vigilen sus cuentas, a pesar del
adelanto electoral al domingo 28 de abril, según confirmaron en fuentes del Ministerio de Hacienda.
En concreto, dicho plan recogía proyectos de evaluación de estrategia y procedimiento;
medicamentos dispensados a través de receta médica, las políticas activas de empleo; las becas de educación universitaria, la promoción de talento y empleabilidad en I+D+i, el fortalecimiento de la competitividad empresarial y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
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Comisión y ministros de economía evalúan si los Estados miembro van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo
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En una segunda fase también recoge proyectos de evaluación sobre los beneficios fiscales, el
gasto hospitalario (farmacia e inversión en bienes de equipo), incentivos a la contratación e infraestructuras de transporte.
De esta forma, el
Gobierno dará cumplimiento un año más de la obligación europea que marca que todos los ejercicios, en el mes de abril, todos los Estados miembro de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus
Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad, con el fin de coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.
Objetivos presupuestarios
Con el programa de estabilidad, la Comisión y los ministros de economía evalúan si los
Estados miembro
van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo, y para ello se basan en dos elementos: el análisis del saldo estructural y el valor de referencia del gasto.
Tras el rechazo de la mayoría del PP en el Senado a la relajación de la senda de déficit propuesta por el Gobierno, los objetivos de déficit público fijados continúan siendo los del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy:
1,3 por ciento del PIB en 2019, tres décimas en 2020 y superávit en 2021.
La senda que planteaba
Pedro Sánchez relajaba las metas al 1,8 por ciento del PIB este año, al 1,1 por ciento en 2020 y al 0,4 por ciento en 2021.
La ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, ya ha avisado de que el rechazo al proyecto presupuestario del Gobierno y la prórroga de los Presupuestos de 2018 abocan a la economía española a un
déficit público del 2,3 por ciento o del 2,4 por ciento del PIB este año, por lo que el Ejecutivo resultante de las urnas tras las elecciones del 28 de abril tendrá que acometer un ajuste superior a los 13.000 millones de euros.
El pasado mes de enero el Gobierno rebajó un décima la previsión de crecimiento, hasta el 2,2 por ciento, tras el rechazo a la senda fiscal del Gobierno, y situó la estimación de
deuda pública en el
95,4 por ciento del PIB para este año.
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