Antonio Cabrera.
Este miércoles, la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, está defendiendo en el Congreso de los Diputados los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. En ellos, se contenpla una
subida salarial del 0,9 por ciento para los profesionales sanitarios, un
incremento "insuficiente" para los sindicatos del sector, que han planteado una serie de enmiendas para que los grupos parlamentarios presenten a los presupuestos.
"La prioridad de CCOO es defender y reforzar los servicios públicos que en estos momentos de pandemia producida por la Covid-19 se han visto más necesarios que nunca. Para ello, es imprescindible atender las demandas de las empleadas y empleados públicos, empezando por la recuperación e incremento del empleo público, y por garantizar el poder adquisitivo y mejorar las condiciones de trabajo", defiende el sindicato, que pone sobre la mesa un incremento del 1,5 por ciento para 2021 más un 0,75 por ciento de fondos adicionales.
"El anteproyecto de presupuestos tiene elementos de mucho calado para todos los sectores públicos", por lo que desde
el Área Pública de CCOO se proponen una serie de enmiendas que garanticen la prestación de los servicios a la vez que los derechos de más de tres millones de empleadas y empleados públicos.
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Incremento retributivo: En relación al artículo 18 en el que aparecen el incremento retributivo, los PGE 2021 plantean un incremento del 0,9 por ciento, hecho que resulta insuficiente para CCOO por lo que se plantea una enmienda para que sea un 1,5 por ciento más un 0,75 por ciento de fondos adicionales. Esto se enmarca en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y en la urgencia de negociar un acuerdo de legislatura que avance en la recuperación del poder adquisitivo perdido, entre un 11 por ciento y un 18 por ciento en la época de recortes, con un incremento global del 8 por ciento hasta 2023.
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Ofertas de empleo público, contratos y nombramientos temporales. En el artículo 19 está una de las enmiendas más relevantes de CCOO. Para el sindicato es fundamental que no exista limitación alguna en la tasa de reposición para poder incrementar de forma estructural las plantillas en todos los servicios públicos y para que la temporalidad pueda ser rebajada sin limitaciones y que no supere el 8 por ciento en ningún sector. Hay que tener en cuenta que no se ha dado cumplimiento al I y II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo y que ya justo antes del inicio de la pandemia el porcentaje de temporalidad en los sectores públicos seguía por encima del 24 por ciento, después del inicio de la pandemia la temporalidad se ha disparado aún más. Esta precariedad es algo inaceptable y reprochable, y en algunos sectores y colectivos es absolutamente generalizada.
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CCOO ha propuesto una disposición adicional para asegurar la ejecución de las ofertas de empleo público pendientes de años anteriores, con medidas sancionadoras para las administraciones que no cumplan.
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Mejora de los haberes reguladores para las pensiones de todos los grupos a partir del A2. O mejoras en las condiciones y jubilaciones de diferentes colectivos de diferentes sectores.
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Respecto al personal del sector público empresarial, el Área Pública de CCOO ha hecho una serie de enmiendas que reconozca el derecho a la negociación colectiva, así como la recuperación de los derechos arrebatados en los mismos términos que el resto del personal de las administraciones públicas.
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CCOO insta al gobierno, mediante disposición adicional, a dar por un lado una solución definitiva a la disposición transitoria tercera del EBEP, cualificaciones profesionales y, por otro lado, dar seguridad jurídica al personal procedente ante un rescate de servicio público o interiorización del mismo.
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Otras enmiendas: Disposición final para garantizar la jornada laboral de 35 horas en todo el sector público y otras para mejorar las condiciones de licencias, permisos, prestaciones y acción social o para recuperar el derecho a negociación colectiva del personal de servicio exterior, que llevan más de diez años sin actualización de sus retribuciones, hecho denunciado por el sindicato y reconocido así en una reciente sentencia.
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