La norma elimina el coste de la adaptación a las distintas legislaciones autonómicas



27 ene. 2013 13:58H
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Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una norma que permitirá a las empresas y profesionales ofrecer sus productos o servicios en toda España con una única licencia.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La nueva norma, inspirada en los principios de licencia única y legislación de origen sobre los que se basa el Mercado Único Europeo, persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva tener que adaptarse a las distintas normativas autonómicas, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora hay empresas que están obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir hasta 17 licencias -una para cada comunidad autónoma- para ofrecer un servicio en España, país en el que se han publicado más de 100.000 leyes estatales y autonómicas sobre la materia desde 1978. La norma pretende acabar con "trabas burocráticas" y dar una solución "al complejo marco regulatorio" al que se enfrentan las empresas de distribución y que, según el Gobierno, elevan sus costes y frenan su crecimiento.

Aumento de 1.500 millones anuales del PIB

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que es una de las "normas más necesarias para crear empleo" y que generará un aumento del Producto Interior Bruto de 1.500 millones de euros al año. El Ejecutivo considera que se ha producido una "inflación legislativa" a lo largo de los años debido a que los tres niveles de administración -central, autonómica y local- han legislado sobre las mismas cuestiones causando una gran complejidad, que se ha traducido en mayores dificultades para crear una empresa, abrir un negocio o vender los productos etiquetados y envasados de la misma manera en todas las comunidades autónomas. La nueva Ley también incluye un procedimiento mediante el cual los operadores jurídicos y económicos podrán exponer "ante un órgano de Estado capacitado para ello" las dificultades económicas o jurídicas que les provoca la dispersión normativa y los problemas de competitividad derivados de la misma.

 

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