El Tribunal de Cuentas pide más precisión y expertos en el modelo de mutuas

El Tribunal de Cuentas da un tirón de orejas a la Administración General del Estado (AGE) por la “ausencia de concreción” y las “deficiencias en el control de la ejecución” de contratos adjudicados en el marco del modelo de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, unas advertencias reflejadas en el informe de fiscalización del ejercicio 2021, incluido, a su vez, en la Memoria Anual de 2023 publicada recientemente por el órgano que vigila la gestión económica del Estado y del sector público.

En el informe se recogen los resultados de la fiscalización de los expedientes de contratación formalizados a lo largo de 2021 y financiados a través de varias de las Políticas de Gasto estatales, entre ellas, la 31, esto es, la relativa a Sanidad, dentro de cuyo análisis se incluyeron cuatro de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, aunque no se especifican cuáles.

En este caso concreto, el Tribunal de Cuentas aprecia “una mayor intensidad en las deficiencias” de las mutuas, lo cual exige “corregir determinados aspectos que no son exclusivamente formales” como la “inadecuada justificación de criterios de adjudicación o de la insuficiencia de medios con los que afrontar la satisfacción de una necesidad pública”. También “debe mejorarse en la calificación de los contratos, en la elaboración de las memorias económicas y en el control de la ejecución”. 

En lo referente a la adjudicación de contratos, en el documento se indica que, en algunos casos, se “prevé” que se han usado “umbrales de valoración en criterios sujetos a juicios de valor”, esto es, que se han concedido esos contratos “sin que ello haya supuesto la constitución de comités de expertos”.

Por otro lado, se resalta que algunos de los expedientes “carecían de una memoria económica”. Además, “para el cálculo del valor estimado no se ha tenido en cuenta el porcentaje de la modificación prevista sobre las prórrogas”. El Tribunal de Cuentas también subraya que los conciertos celebrados en varios contratos se han considerado “de servicios”, pero “sin valorar convenientemente la existencia o no de riesgo operacional”. “Se ha establecido como criterio de adjudicación […] el arraigo territorial sin que medie justificación adecuada, lo que puede haber perjudicado la concurrencia de licitadores”.

Por último, se indica que, “pese a que en algunos contratos se habían previsto penalidades por demora […] o por incumplimiento defectuoso de las prestaciones”, en los casos en los que ha tenido lugar alguna de estas circunstancias “no consta ni el inicio del procedimiento para la imposición de la penalidad”.

Debate abierto en torno al modelo de colaboración con mutuas

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la colaboración estatal con las mutuas se han publicado en un contexto de especial tensión en torno al modelo. Mientras que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apuesta abiertamente por aumentar el nivel de cooperación para derivar casos de bajas por patologías traumatológicas, los sindicatos han dejado claro que no apoyarán esa iniciativa si, en la Mesa de Diálogo Social, no se avanza al mismo ritmo en cuestiones como la jubilación parcial y la anticipada.

Por su parte, Podemos registró la semana pasada tres preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno para conocer cuál es el impacto económico concreto que la sustentación del modelo de mutuas tiene en las arcas públicas. No hay que olvidar que el partido de Ione Belarra lleva posicionándose en contra de la colaboración con mutuas desde hace varios años, una postura que ahora han heredado en Sumar, con su ya conocida idea de acabar progresivamente con el modelo Muface.

Tareas económicas pendientes del Ministerio de Sanidad

Al margen de lo concerniente a las mutuas, en su Memoria Anual, el Tribunal de Cuentas también advierte de que el Ministerio de Sanidad “no ha impulsado suficientemente la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria del ejercicio 2017”.

Al respecto, se detalla que, de las seis recomendaciones propuestas al departamento ministerial, “todas ellas asumidas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal”, la mitad está en curso y la otra mitad, “no cumplidas”. En el primer caso, se insta a Sanidad a “seguir trabajando” en “el desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Asistencial” para dar cobertura en desplazamientos de larga duración, en un sistema de información para conocer los desequilibrios territoriales “en el acceso a la asistencia sanitaria” y en impulsar medidas para compensar a las regiones los saldos positivos originados desde 2013 por la liquidación conjunta del Fondo de Cohesión Sanitaria y del citado Fondo de Garantía Asistencial.

El Ministerio tiene pendiente modificar la normativa vigente para “articular un mecanismo que, de forma efectiva, contribuya a la igualdad de acceso a la prestación sanitaria en toda España”; impulsar una “armonización legislativa que garantice la atención ágil y eficaz de los pacientes de zonas limítrofes de comunidades autónomas que son atendidos por otra comunidad distinta de la emisora de la tarjeta sanitaria individual”, y, por último, comunicar al Instituto Nacional de Seguridad Social “los ajustes en los saldos netos de las seis comunidades autónomas afectadas por la rectificación de la liquidación del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial”.