El SNS gasta más de 12 millones en cuatro años en bases de datos clínicos

El Ministerio de Sanidad ha gastado unos 12.234.423 euros en suscripciones a bases de datos de evidencia científica clínica en cuatro años. Así lo indica un informe que el departamento ha pasado a las comunidades autónomas como parte de la documentación que se abordará durante la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el próximo día 18, y a la que ha tenido acceso Redacción Médica.
 
De estos fondos se ha encargado la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación de la que es titular Elena Andradas, y se invirtieron entre 2012 y 2017. La amplia mayoría de este montante se ha destinado a la suscripción a UpToDate, una herramienta de soporte a las decisiones médicas, basada en la evidencia y creada por profesionales y que cuenta con más de 10.500 artículos sobre 25 especialidades. En esta base de datos se gastaron unos 9,7 millones de euros (aunque en este caso la subscripción se inició en 2014).
 
Por otro lado, se destinaron unos 1,9 millones a la conocida revista Cochrane Library Plus, a la que el departamento está suscrito desde 2012. Incluye su amplio registro de ensayos clínicos, y sus populares revisiones sistemáticas. El informe especifica que la suscripción a esta publicación es “para uso universal de todos los ciudadanos españoles”.
 
Los 568.233 euros restantes se destinaron a la plataforma de gestión del conocimiento Primo, “un buscador de información científica de calidad que ayuda a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones aportando información que contribuye a la mejora de la calidad de la asistencia”. A ella tienen acceso todos profesionales de centros de Atención Primaria y de hospitales públicos del SNS, excepto los de Andalucía y Cataluña, que no se adhirieron a este proyecto.
 
Radiaciones ionizantes
 
Otro punto que se tratará en la Comisión Delegada es el proyecto de real decreto de radiaciones ionizantes, del que ya ha informado este periódico y que ha pasado por el trámite de audiencia pública.
 
Según este documento, “el profesional sanitario o el prescriptor” serán los responsables de informar al paciente de los riesgos a los que se somete y de recabar los correspondientes consentimientos informados. Además, serán los que participarán en el “proceso de justificación de cada exposición médica”, así como se responsabilizarán del proceso.
 
Hay que recordar que esta iniciativa llega motivada por la entrada en vigor la directiva 2013/59/Euratom hace unas semanas y, por tanto, va con retraso.